Cuando se plantea la problemática de la inversión pública en el país se suele poner sobre el tapete la cuestión del SNIP. Advertí en un artículo anterior que existe consenso entre los políticos por reformar el SNIP incluso desde las regiones se escuchan voces que claman por su eliminación.
Que los proyectos se formulen presupuestando sus costos, sustentado sus beneficios y demostrando su rentabilidad social es lo mínimo que se puede exigir, por eso con el paso de los años y mediante un proceso de ensayo y error el SNIP, al final, ha traído una cierta cultura para la formulación de proyectos. Hay metodología, libros y profesionales especialistas en ello. Además, el SNIP es descentralizado, es decir, que las Oficinas de Programación de Inversiones (OPI) que son los encargados de viabilizar los proyectos, se encuentran en las regiones y municipalidades, quienes tienen la responsabilidad de evaluar los proyectos que se formulan en sus localidades.
Los problemas de la inversión pública que estamos presenciando tienen que ver más con la gestión de los proyectos, que empiezan con la forma de contratación de bienes y servicios del Estado, los contratos pactados y la ejecución misma de los proyectos.
Aquellos proyectos viables por el SNIP deben pasar por un proceso de contratación que se rige por la ley de contrataciones. Esta es una etapa crítica, porque contratar se convierte en un proceso complejo y burocrático que dilata la ejecución de los proyectos, además que la corrupción que más se genera en el país se produce en esta etapa.
Por otro lado, la gestión de proyectos públicos prácticamente no existe. Cada entidad del Estado lleva a cabo sus proyectos con mucha improvisación. En los proyectos privados se han llevado a cabo esfuerzos muy importantes por tener protocolos que les permita mayor eficiencia en la gerencia de sus proyectos. Por ejemplo, la Guía del PMBOK, desarrollada por el Project Management Institute (PMI), contiene una serie de procesos reconocidos como buenas prácticas para gestionar diversos aspectos de los proyectos como el alcance, presupuesto, tiempo, riesgo, comunicaciones, etc.
Si bien, la ley de contrataciones fue modificada y puesta en vigencia este año todavía no vemos sus efectos en la mejorar de la ejecución de los proyectos, y en cuanto a la gestión de proyectos públicos aún no se tienen nada parecido a un PMBOK o guía de gerencia pública.