El pasado domingo se ha llevado a cabo la Consulta Popular de Revocatoria (CPR) en 27 distritos de 12 regiones del país. Han sido sometidos a este mecanismo de participación ciudadana 26 alcaldes y 63 regidores. La mitad de los alcaldes cumplen con el SÍ para ser revocados, mientras que son 41 regidores los que también no son de la preferencia de la ciudadanía para seguir en el cargo.
¿Por qué la revocatoria? La CPR permite a los ciudadanos destituir o respaldar la gestión de autoridades electas o designadas bajo consulta popular. Representa un acto político que permitiría dar una terminación anticipada a la estancia de una autoridad en su cargo. La CPR otorga la facultad de decidir el cambio de rumbo del mandato popular, teniendo como referencia un listado de fundamentos que respaldarían la necesidad de revocar a sus autoridades.
La revocatoria guarda un carácter subjetivo en su aplicación y su mal uso hace del proceso, un espacio de contienda electoral o precariedad en la calidad de ejercicio de la democracia participativa. Se construye un escenario donde el descontento ciudadano de coyuntura, podría llevar a un abuso del ejercicio de este derecho.
Los fundamentos del último proceso de revocatoria llevado a cabo (2017) son subjetivos: se buscaba revocar a 34 autoridades por no cumplir promesas electorales, 33 por incapacidad de gestión municipal, 25 porque no fiscalizan; acá quiero hacer un contraste en lo que estaría cercano al fin objetivo de este proceso: 1 autoridad llevada a revocatoria por mal uso de recursos, 4 por no rendir cuentas y 3 por incapacidad de gestión.
Comparando cifras, la interpretación y uso que se le da a esta herramienta, preocupa. Exigimos compromisos temporales y no programas. Esperamos que la autoridad resuelva todo en nuestro día a día, pero no nos organizamos para respaldar o exigir. Queremos que solo sean ellos los que fiscalicen pero no fiscalizamos a nadie. Dejamos de lado entonces los problemas en los que se podrían resumir variables antes descritas: la mala administración de lo público, falta rendir cuentas y poca voluntad para gestionar lo político de la relación Estado- ciudadanía.
Queda un reto pendiente para construir y ejercer lo que está en posibilidades como resultado de un diálogo y participación mutua entre las autoridades y los ciudadanos. Recordemos que la política es activa y vinculante, donde todos los actores tienen la misma posibilidad de escribir los rumbos futuros o querer mantener los actuales sin lugar a mejora. Convocatoria antes de revocatoria.