A diez años de la Reconstrucción del Sur, el Norte parece seguir el mismo sendero. Mientras la protesta social no hace más que poner en la agenda pública problemáticas relegadas por el Estado central, la atención nacional se ha desviado de los problemas derivados del impacto del Fenómeno del Niño. Considerando que este gobierno ha iniciado una lucha tenaz contra la corrupción, esto parece quedar en letra muerta cuando se trata de implementar políticas para afrontar la reconstrucción del norte peruano. Con la decisión del Parlamento por elevar la trayectoria fiscal (2017 – 2020) y recaudar más de 20,000 millones de soles para ejecutarlos en las zonas afectadas, enciende las alarmas en torno a cómo se va a ejecutar el presupuesto público sin fiscalización de la ciudadanía. El fracaso de la Reconstrucción del Sur debe ser aliciente suficiente para saber que, sin un aprendizaje institucional adecuado, el resultado será el mismo.
Está comprobado que las políticas que son implementadas sin mecanismos de rendición de cuentas adecuados tienden al fracaso y, por ende, a ser una política fallida. En cuanto a la reconstrucción post- fenómeno del Niño, la semana pasada salieron a la luz denuncias con respecto a las viviendas prefabricadas que fueron otorgadas a casi 40,000 familias. El problema es grave: sobrecostos en los materiales, contratos “relámpagos” con empresas de capitales chilenos otorgados en 30 días, las respuestas esquivas de los funcionarios del Ministerio de Vivienda por asumir la responsabilidad estatal en el problema, así como la poca efectividad de la Contraloría por fiscalizar la ejecución del gasto y permitir una convocatoria pública con transparencia y acceso a la información. La corrupción parece socavar cada etapa de la ejecución de una política pública.
En tiempos donde el modelo económico ha llegado a su límite y la locomotora del crecimiento parece no tener nuevos impulsos en el corto y mediano plazo, la corrupción es un mal que precariza no solo las instituciones, sino también a los actores que formulan las políticas. El retorno a la senda del crecimiento no puede lograrse otorgando contratos millonarios en la Reconstrucción del norte a empresas extranjeras; el artesano peruano, el microempresario puede construir una vivienda prefabricada a un valor de 5 a 7 mil soles y no con sobrecostos de hasta 15 mil soles. La mejor estrategia para recuperar la competitividad de la economía es incluyendo a empresas nacionales en los objetivos del Plan de Reconstrucción. Sin embargo, entidades gubernamentales y autoridades políticas carecen de ética pública, tan ausente del ejercicio de la función pública en la actualidad.
Definitivamente, no solo es un problema de los representantes al ejecutar las políticas, sino también de los ciudadanos al no incidir en la fiscalización de la mismas. Siendo la precarización de las instituciones un problema latente en las democracias contemporáneas, surgieron mecanismos de rendición de cuentas para supervisar la labor de los representantes y su capacidad de tomar de decisiones. El accountability social surgió como alternativa en la cual la participación ciudadana, en tiempos no electorales, contribuiría a fortalecer el control democrático. No obstante, en el Perú, la poca incidencia de la ciudadanía en los asuntos públicos hace imposible el cumplimiento de objetivos por ejercer mayor control al accionar del gobierno. Es probable que, frente a estos problemas derivados de la precarización de la gestión pública y las agencias sectoriales encargadas de la mismas, debamos pensar un nuevo escenario con nuevos mecanismos de rendición de cuentas, cuando la participación ciudadana en política es reducida en una democracia como la nuestra.
Si bien es cierto, la corrupción es seductora y trasluce la fragilidad de actores e instituciones para ejecutar políticas eficientes, los mecanismos de rendición de cuentas son un antídoto necesario, pero no suficiente. La reconstrucción del Norte solo será posible si se plantean objetivos más allá de los ya asumidos: una propuesta consistente es que para cada una de las políticas que se implementarán en los próximos años, se incorpore un comité ciudadano que fiscalice cada etapa de una política pública, desde la formulación hasta la ejecución. Poner el freno al desempeño gubernamental dentro de parámetros institucionales, puede crear políticas exitosas en el corto plazo, siendo la condición necesaria la participación de comités ciudadanos descentralizados. No queremos políticas fallidas como en el sur peruano. Queremos políticas implementadas y fiscalizadas por peruanos y no bajo sujeción a contratos con empresas extranjeras. No pueden prevalecer errores como viviendas prefabricadas con altos costos y con vida útil de pocos meses. El gobierno se ha equivocado; pero aún más nosotros como ciudadanía, al no hacer efectivo nuestro derecho constitucional a exigir rendir cuentas al gobierno de turno.
