El estado de anomia en que vive nuestra sociedad, constituye un grave riesgo que amenaza, no solo la paz social y el desarrollo económico del país, sino también, la seguridad, integridad y vida de las personas.
La mayoría de las autoridades elegidas, funcionarios y servidores en el país, muestran, por relajo o personal interés, un exagerado deterioro de su autoridad o del ejercicio de la autoridad de la cual han sido investidospor el Estado.
Ese relajamiento, es muy notorio en el campo del transporte, la seguridad y el desarrollo urbano. La autoridad municipal acusa, desde hace mucho, un escandaloso menoscabo de su mando, sea por comisión u omisión.
En el caso del desarrollo urbano, las municipalidades tienen la obligación jurídica de realizar el control urbano y la fiscalización permanente. De ir de acuerdo con la demanda de calidad de los servicios públicos como la seguridad ciudadana, el mantenimiento de la infraestructura urbana, el aseo urbano, la iluminación pública, el control del tránsito y la gestión de los espacios públicos, algo que no figura en la agenda de prioridades de la autoridad.
El ejercicio de la competencia del control urbano demanda la exigencia de verificar el cumplimiento de laspolíticas públicas y lineamientos de desarrollo urbano establecidas por la autoridad nacional y/o local, el cumplimiento de las normas técnicas de edificación y las disposiciones legales y administrativas urbanísticas; por tanto, les corresponde fundamentalmente verificar que las obras que se ejecutan en cada ciudad se ajusten a las normas técnicas y los planos aprobados, de ello depende la integridad y la vida de las personas.
Casos clamorosos de incumplimiento del deber, se evidencian al verificar edificaciones que amenazan ruina, caída o desplome; en Surquillo, hace más de una década se autorizó la construcción de edificios multifamiliares sobre un terreno de relleno; allí existió en la primera mitad del siglo pasado una profunda excavación de la cual se extraían agregados para la construcción; el resultado: hundimiento de los edificios y grave amenaza a las personas. En San Isidro, hace más de 25 años se permitió que sobre las estructuras de una vivienda unifamiliar, se construyera un edificio multifamiliar, el resultado: fracturas en las estructuras, amenaza a la vida de las personas. En Miraflores, se recoge en estos días en los medios de comunicación, la noticia de un edificio frente a una importante avenida que estaría en peligro de colapsar; hace 35 años quedó inconcluso y así fue ocupado.
En todos estos casos, la autoridad en crisis no cumple con su deber de hacer el control urbano y tampocoel de la necesaria y permanente labor de fiscalización para detectar construcciones ilegales y la infracción de las normas técnicas y municipales.
Tenemos que impedir que la sociedad siga en este mar de la anomia por la irresponsabilidad de malos funcionarios públicos. Es nuestro deber detener el deterioro de la autoridad de la cual están investidos los funcionarios municipales. Los ciudadanos tenemos que hacer vigilancia y denunciar estos hechos irregulares para evitar el daño a las personas y para reconstruir una sociedad más justa y ordenada.
