La incertidumbre del Brexit.

Dieciséis meses después de la victoria electoral del Brexit (23 de junio de 2016), las autoridades británicas y europeas evidencian la compleja situación política que supone una toma de decisión como consecuencia de una consulta popular vinculante; más aún, cuando dichas autoridades entran en una espiral de constante “deslegitimidad”.

Relaciones de poder, disputas por la soberanía, correlación de fuerzas y conflictos de intereses enmarcan una tensa etapa de negociaciones por las que el Reino Unido debe pasar para abandonar la Unión Europea. Dicha etapa de negociaciones fue inaugurada oficialmente el pasado 29 de marzo del 2017, fecha en la que TheresaMay, en su calidad de Primera Ministra británica, notificó al Consejo Europeo la voluntad popular del Reino Unido de recuperar la cuota de soberanía que años atrás había cedido al integrar la Unión Europea.

No fue nada sencillo para el Partido Conservador, ni para la clase política tradicional británica, asimilar los resultados del Referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. El Euroecepticismo había triunfado como una clara respuesta ciudadana de rechazo a las políticas neoliberales del actual ente supranacional. Y digo, actual Unión Europea porque los principios fundacionalesde cooperación, solidaridad, subsidiariedad, etc.; parecen haber sido olvidados por las autoridades, que desde hace unos años utilizan las instituciones de la Unión para defender los intereses económicos de los grandes capitales en detrimento de un gran porcentaje de la ciudadanía. 

Ante un presente en el que se apuesta por agigantar a las metrópolis, por dotar de consumismo el uso de las nuevas tecnologías y especializar la formación profesional de las personas; resultaba lógico imaginar que los potenciales electores a favor del brexitiban a ser, como en efecto lo fueron, los habitantes de ciudades pequeñas (no metrópolis), personas mayores (+ 50 años) y trabajadores con menores niveles de educación (no profesionales). Lo difícil de pronosticar fue el triunfo electoral de estos colectivos, en el que el discurso de la globalización ya no seduce como antaño y notan como sus efectos los perjudican, al punto de considerar a la Unión Europea como una entidad promotora de desigualdades sociales.

Otro elemento determinante en la victoria del brexit fue, lamentablemente, el racismo y la xenofobia. De igual manera que considero alentador que una sociedad reflexiva y activa impida democráticamente que sus autoridades envilezcan sus instituciones públicas, poniéndolas al servicio de intereses particulares por encima de los comunitarios, creo altamente riesgoso permitir que cualquier discurso sume a la causa. Así pues, algunos movimientos y organizaciones políticas británicas, valiéndose delincremento de la taza de desempleo de los nacionales y la tendencia al alza por contratar mano de obra “barata”, representada por los extranjeros comunitarios de menores rentas (polacos, búlgaros, rumanos, etc.), fomentaron un mensaje reaccionario en aquellos colectivos proletarios directamente afectados por esteindigno modelo económico que los margina del empleo, mientras se aprovecha de necesidades más precarias, como la de otros ciudadanos europeos.  

Por todas las lecturas sociales que hay detrás del triunfo electoral del brexit, es que la negociación política entre el Reino Unido y la Unión Europease encuentra entrampada en la búsqueda de la ecuación político/económica que siga garantizando el status quo de los poderes fácticos. Ni las autoridades británicas, ni las europeas tienen el respaldo popular para dar un paso certero; sus políticas, alejadas del beneficio a los ciudadanos, están muy deslegitimadas y cada nueva toma de decisión responde al interés del gran capital que no sólo no conoce de nacionalidades ni desigualdades, sino que sigue alimentándose de ellas.  

Tras la invocación al artículo 50 del Tratado de Lisboa, el mismo que permite a los Estados miembros retirarse voluntariamente del ente supranacional, el gobierno británico nombró a David Davis como Secretario de Estado para la salida de la UE; su par europeo es el francés Michel Barnier, nombrado Jefe de Negociaciones de la Comisión Europea con el Reino Unido sobre su marcha de la UE.

Europa, en la presente fase inicial de las negociaciones para la salida, tiene tres prioridades. La primera es de orden económica, pretende que el Reino Unido pague todas sus facturas, considerando por totalidad una cifra que ascienden a no menos de 60,000 millones de euros. Por su parte, Londres advierte que no tiene obligaciones salvo las que se derivan del presupuesto en curso, intentando dejar sin efecto los planes plurianuales, créditos y todo tipo de obligaciones a futuro; así pues, las autoridades británicas cifran el pago del brexit en 20,000 millones euros. Primer gran desacuerdo.

La segunda prioridad, sensible por su carácter social y humanitario, es garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos europeos en el Reino Unido (y el de los británicos en el territorio de la Unión). Sin embargo, los intereses de una y otra parte de la negociación utilizan la incertidumbre ciudadana que genera la inestabilidad legal de residencia de los 3 millones de europeos que viven en el Reino Unido y del millón de británicos afincados en el resto de países de la Unión, para fortalecer sus posiciones en el tablero de ajedrez político. Segunda prioridad y segundo gran desacuerdo en la negociación.

Por último, la tercera prioridad parece tener alguna aproximación hacia un punto de encuentro, se trata de la solución ad hoc para determinar la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte, dicho entusiasmo se sustenta en la paz relativa de los últimos años entre ambas naciones; pese a ello, ni los británicos, ni los ciudadanos europeos que habitan las islas podrían estar satisfechos por el rumbo que han tomado las negociaciones, las autoridades de ambas partes están prolongando en demasía los pactos y puntos de acuerdo que demanda el proceso de escisión, mientras el tiempo dilatado puede proveerles de ciertos beneficios de cara a fortalecer sus posiciones en la correlación de fuerzas políticas, los ciudadanos se ven muy afectados porque sus vidas se revisten de inseguridad en lo laboral, en sus planificaciones económicas y de cara a sus futuros personales y familiares.

José Carlos Urbina Suárez

Politólogo de la Universidad Complutense de Madrid (UCM)