#PerúPaísLibreDeVioladores?

La repugnante violación de una empadronadora durante el Censo 2017, ha desatado no sólo la indignación de los peruanos, sino la reacción desde diferentes flancos en las redes sociales. El trágico evento bastó para que fuera etiquetado con el hashtag #PerúPaísDeVioladores, siendo viralizado en cuestión de segundos.

Dicha iniciativa que fue promovida por las legisladoras Indira Huilca y Marisa Glave,probablemente tenía por objetivo crear “conciencia” en los usuarios. Y sí que lo lograron. Sin embargo, la referida tendencia fue plausible para algunos, como condenable para muchos peruanos, quienes consideraron que se trataba de una afirmación generalizadora que deja al país internacionalmente por el piso.

Sin duda las cifras son escalofriantes, por ejemplo el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), registró de enero a setiembre de este año 6,118 casos de violencia sexual en el país. Es decir un promedio de 510 al mes, 17 cada día. De los cuales, 3,125 corresponden a violaciones sexuales.La mayor incidencia de casos se da en Lima, seguido de Junín, Arequipa, La Libertad, Cusco, Huánuco.

Pero lo que debe llamar nuestra verdadera atención y reflexión – más allá de un hashtag –son las políticas programáticas que se están dejando a la suerte desde elLegislativo y Ejecutivo,propuestas que deben buscar un mayor fomento de la igualdad de oportunidades. Visibilizar la problemática es sólo el inicio de la reestructuración social.

Tenemos que, en junio de este año, se aprobó la ley que eliminó beneficios penitenciarios a violadores y agresores, lo cual significa un paso importante en la lucha contra la violencia hacia la mujer (PL 938). Sin embargo, 16 congresistas (de los cuales 15 fueron de Fuerza Popular y 1 de Alianza Para el Progreso) votaron en contra del proyecto.

Una de las congresistas, quien viene siendo noticia por sus declaraciones fuera de lógica, es Nelly Cuadros, quien en su intento de justificar su posición a quitar beneficios a los violadores, manifestó que su bancada estaba en contra por la palabra “género”, para luego decir, "actualmente las organizaciones LGTBI han hecho una lista de más de 150 tipos de género, hay personas que se casan con sus computadoras". Es cierto, así lo dijo.

Esto deja entrever a su vez, la confusión de los conceptos y la falta de preparación de las políticas que hoy en día nos representan, pues igualdad de género es la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de mujeres y hombres, y de niñas y niños (definición Unesco). No tiene nada que ver con la agenda LGTBI que menciona la legisladora. No confundir.

Es por ello que la lucha contra la violencia sexual a la mujer debe hacernos responsables a todos, sin distinción alguna. Generar un cambio cultural donde hombres y mujeres gocen de las mismas oportunidades y libres de machismo, no es sólo de feministas.

Ya la ciudadanía ha puesto en entredicho la efectividad del sistema de protección a menores y cuestionó los castigos fútiles para estos crímenes. No obstante, los entes ejecutores deben seguir el problema desde un enfoque de salud pública, donde se identifique, se haga un seguimiento constante, y se intervenga al agresor.

Pero tranquilos. El Perú no es un país de violadores, manifestar lo contrario es una imprudente aseveración. Preguntémonos más bien,¿qué estamos haciendo para minimizar esta rasgo de sociedad violenta, que cada vez cobra más vidas y deja heridas abiertas?. Si la respuesta es negativa, preocúpate, no estamos por buen camino.

Susana Gutiérrez Rivera.