En el 2009, ex Presidente del Perú (1990 – 2000) y ex dictador Alberto Fujimori, fue sentenciado por la Corte Suprema Peruana a 25 años de prisión efectiva por corrupción y masivas violaciones a los derechos humanos, incluido el asesinato de 25 personas civiles por el ejército peruano en la matanza de Barrios Alto y la Cantuta.
Las familias de las víctimas de estos penosos hechos en la historia peruana llevaron los dos casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lograron condenar al estado peruano por graves crímenes de lesa humanidad. Una de las pocas veces que un ex Jefe de Estado es sentenciado por un tribunal nacional, colocando al Perú como un ejemplo en verdad, justicia y reparación a nivel regional y mundial.
El 24 de diciembre del 2017, el actual Presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, concedió un indulto humanitario y derecho de gracia al ex dictador Alberto Fujimori, como resultado de un pacto político con Kenji Fujimori, hijo de Alberto Fujimori y actual Congresista de la República del Perú, quien fue responsable de restar votos a su propia bancada parlamentaria para evitar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski por la causal constitucional de “incapacidad moral”, al haberse conocido que Kuczynski recibido ganancias de una serie de consultorías a la empresa Odebrecht durante su anterior función como Ministro de Economía.
Según Transparencia Internacional, Fujimori es uno de los 10 ex Presidentes más corruptos del mundo con 600 millones de dólares robados; no ha pagado los 15 millones de dólares de reparación al gobierno peruano y el indulto lo ha librado por completo de los procesos judiciales pendientes en su contra, como el actual caso Pativilca, en el que seis campesinos fueron asesinados por militares peruanos (Grupo Colina) en 1992.
Las organizaciones de derechos humanos y sociedad civil en general, no demoraron en salir a las calles de todo el país para protestar en contra del indulto a Fujimori. Las familias de las víctimas, por medio de las organizaciones nacionales de derechos humanos, han iniciado una nueva batalla legal nacional e internacional para revocar el indulto evidentemente político y con una serie de irregularidades, entre ellos que no cumplía con la legislación peruana, debido a que Fujimori no poseía “enfermedades terminales o enfermedades progresivos que, aunque no son terminales, son irreversibles o degenerativas”, y “que se agravan como resultado de las condiciones existentes en la prisión”.
La Corte, como parte de la etapa de supervisión de sentencia, convocó una sesión especial para revisar el indulto de Fujimori el 2 de febrero, donde escucharán al estado peruano y a los familiares de las víctimas, a manera de analizar si el indulto ha cumplido con los estándares del derecho internacional y si el estado peruano ha violado las medidas de reparación fijadas de la sentencia de los casos Barrios Altos y la Cantuta. Es la primera vez que los jueces de la corte abordarán un caso de este tipo.
Recordemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gutiérrez Soler vs. Colombia, señalo que “el Estado deberá abstenerse de recurrir a figuras como el indulto, así como medidas que pretendan impedir o suprimir los efectos de una sentencia condenatoria”, de la misma forma, la Corte Interamericana en el mismo caso Barrios Altos afirma que “el otorgamiento indebido de beneficios en la ejecución de la pena puede eventualmente conducir a una forma de impunidad, particularmente cuando se trate de la comisión de graves violaciones a los derechos humanos….”, por lo que existe una alta posibilidad de que la Corte Interamericana obligue al estado peruano a revocar el indulto y que Alberto Fujimori regrese a prisión.
Perú, ahora en los ojos del mundo, se vuelve a jugar su imagen internacional en respeto a los derechos humanos y a las decisiones de la Corte Interamericana. En el caso la Corte se pronuncie a favor de las familias de las víctimas - lo más probable - y vote por la necesaria reincorporación de Fujimori a un centro penitenciario, Pedro Pablo Kuczynski tiene la obligación y responsabilidad internacional de acatar lo señalado por la Corte como país suscrito al Pacto de San José de Costa Rica.
Una última oportunidad para intentar remediar lo sucedido, reponer -en algo- el profundo desagravio a las víctimas del gobierno de Alberto Fujimori que ahora se encuentran en protesta constante en las calles de todo el paísjunto a miles de peruanos y peruanas, recuperar el alto nivel del estado peruano en el Sistema Interamericano en materia de verdad, justicia y reparación, además del reto de reflotar la dura inestabilidad de su gobierno que perpetuó tal errónea decisión.
Matanza de Barrios Altos
El 3 de noviembre de 1991 en Barrios Altos, un barrio tradicional del Cercado de Lima. Quince personas, entre ellas un niño de 8 años, fueron erróneamente vinculadas al grupo terrorista peruano “Sendero Luminoso” y asesinadas por seis personas encapuchadas durante una fiesta popular. Los atacantes, al entrar al local, ordenaron tenderse en el piso a todos los asistentes, donde les dispararon a discreción por más de dos minutos. Luego se identificó a los atacantes como miembros del Grupo Colina, un destacamento paramilitar formado por miembros de las Fuerzas Armadas.
Matanza de La Cantuta
El 18 de julio de 1992, un profesor universitario y nueve estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (conocida como La Cantuta), ubicada a las afuera de Lima, fueron secuestrados, torturados y asesinados por el Grupo Colina. Las fuerzas armadas con la intención de ocultar los hechos, exhumaron los cuerpos, incineraron, y volvieron a enterrar los restos en otra ubicación. Se probó que el Grupo Colina actuaba por orden de Vladimiro Montesinos, jefe del Servicio de Inteligencia Nacional y asesor del ex Presidente Fujimori, quien también tenía conocimiento de lo ocurrido. El 21 de febrero de 1994, el Consejo Supremo de Justicia Militar sentenció a diez de miembros de este grupo a cumplir prisión, con condenadas de entre 1 y 20 años. Una Ley de Amnistía aprobada por un Congreso, de mayoría fujimorista, en 1995 permitió que todos salieran libres.
