Punto de Encuentro

Escazú: pérdida de soberanía, inversión y propiedad.

3 Septiembre, 2020

Luis Yntor

Dentro de unas semanas el "Acuerdo de Escazú" será ratificado o no, por el Parlamento Nacional, pues a nombre de una falsa protección ambiental y sin  principios científicos, expresa disposiciones demagógicas relacionadas a derechos humanos y que además comprometen la pérdida de soberanía de los estados a decidir su propio desarrollo,  paralizando inversiones y vulnerando la propiedad privada, con un impacto negativo a la economía, reducción de empleos e ingreso de divisas.

Este acuerdo establece la llamada "autoridad competente" que otorga potestad jurídica a cualquier persona, ONG y grupos nacionales y extranjeros, de participar, acceder a la justicia y solicitar información ambiental cuando sin justificación alguna lo requiera. Y si no están conformes, bajo el denominado "principio precautorio" podrán objetar e impedir una actividad determinada por propietarios, inversionistas y hasta por el estado, mediante solo una decisión política sin necesidad de requerir base científica, aún si lo hubiera.Tienen facultades de demandar, llegando incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH), que decidirá no solo derechos de la persona sino sobre las condiciones en las cuales tiene que efectuarse la gestión territorial. Es decir, el desarrollo de nuestro país estará sujeto a intereses supranacionales, que no están en nuestro territorio ni responden a las autoridades legítimamente constituidas, lo que implica una grave afectación a la soberanía.

No sólo se estaría afectando la amazonía que representa el 57% de la superficie nacional, sino que sería el 100% de nuestro territorio y que involucra la gestión territorial, pues como sabemos en nombre de la protección ambiental, las ONG podrán paralizar cualquier proyecto o actividad (gas, petróleo, minería, agroindustria, pesca, obras públicas, operatividad de las FFAA).

Según el INEI, en el segundo semestre de 2020, perdieron su empleo 6'720,000 peruanos y el PBI cayó en 30.2%, así como la inversión pública se contrajo en 69.8% y la inversión privada se redujo en 53.2%. Frente a ello, necesitamos urgente inversión para generar empleo; y que conforme al IEDEP de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) hay 542 proyectos que representan US$ 131,152 millones de inversión pendiente.

Este acuerdo perjudica el ingreso de capital, provoca lentitud de las inversiones, desconcierto jurídico e inestabilidad en los cálculos económicos. Ocasionará un ambiente de incertidumbre en los inversionistas, llegando incluso a ser acosados y hasta chantajeados, con extrañas solicitudes de corrupción para no seguir estorbando sus importantes inversiones y proyectos. Será la lenta agonía de la propiedad privada y su disponibilidad con que cuentan los propietarios.

No es saludable bloquear el desarrollo nacional, por ello esperamos que el Congreso no abdique su obligación de defender los intereses de la patria, sino tendremos que prepararnos para la andanada de juicios que vendrán.

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