Patética y descarada la presentación del Presidente Vizcarra, en un medio de comunicación televisivo que honrando su circunstancial lealtad para mantener el subsidio de la publicidad estatal; se presta a una tediosa entrevista, para que siga burlándose de los peruanos, mintiendo con nitidez obscena; ya que en otros medios a esa misma hora se propalaban graves denuncias sobre la organización delictiva que rodeaba Palacio y de cómo a los eventuales ejecutores de las corruptelas en la que está inmerso los ha colocado en puestos públicos suculentamente remunerados, como es el caso de Jorge Antonio Apoloni Quispe, hasta hoy alto funcionario de Pro-Inversión, cuyo inmueble fue allanado por la fiscalía precipitando su renuncia irrevocable ante la difusión de tremendo escándalo, él fue Secretario General del Ministerio de Cultura cuando se contrató por primera vez a Richard “Swing”. ¿Acaso se estará comprando su silencio? para que no revele quien ordenó la contratación del seudo “artista” que ha provocado un inusual nerviosismo y una grave crisis política.
Atrás quedaron sus prepotentes e hipócritas proclamas de lucha contra la corrupción, hoy reclama con descaro por su entorno apresado, dice que respeta la separación de poderes, pero exige “proporcionalidad”, precisamente en el caso de la organización criminal instalada en Palacio, que pronto se conocerá quien es su líder. En este escándalo que lo compromete suplanta a los fiscales y jueces; dice que los audios son falsos y que algunos de sus compinches del Ministerio Público “se les pasó la mano”.
Hoy, ha asestado un golpe de Estado al Ministerio público y al Poder judicial, ha sentenciado “ningún detenido va a tener responsabilidad, aquí no hay nada ilegal, se quiere inflar”, ha dicho además “pagos a Richard “Swing” son irrisorios en comparación de lo que se ha gastado en investigación”, lo que refleja su bajeza moral, del trasiego impune de valores que inspiran su conducta menuda. Estas declaraciones, o son una amenaza a los poderes públicos autónomos, o el silencio de sus representantes confirma que este señor no solo disolvió inconstitucionalmente el Congreso, sino que tiene sometidos a las instituciones que administran justicia.
Es grave y peligroso, porque además aseveró que sus adversarios pronto estarán en manos de una justicia que responde a sus designios, si los titulares de dichos poderes públicos no defienden su autonomía y públicamente lo desautorizan. Sin ruborizarse, los defiende y ya los absolvió; es evidente que él y su operadora jurídica; la Ministra de Justicia, cuestionan estos graves excesos a los derechos humanos; bueno sería, que lo reserven para ponérselos a quienes en la pandemia lucraron dolosamente con la muerte de miles de peruanos atacados por el Covid-19.
Lo tuvimos claro que el cierre del Congreso era una medida para seguir demoliendo a las instituciones, desprestigiándolas con campañas mediáticas groseramente financiadas, con la complicidad de una policía política en que ha convertido a la DIVIAC; ya nada sorprende del señor Vizcarra, pero sí preocupa e indigna, que haya puesto al país al borde de la bancarrota, del precipicio, en su economía; con la recurrente desgracia social.