Punto de Encuentro

El presidente blinda todas sus obras.

El señor Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de México, ha manifestado que las obras promovidas por su gobierno son de interés público. Asimismo, el ejecutivo declaro que las obras de su gobierno son asunto de seguridad nacional.

El lunes pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo que estipula lo siguiente: "de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”.

Así fue redactado y promulgado el decreto, es decir, prácticamente cualquier obra, construcción, edificación o capricho del gobierno son de interés público y seguridad nacional.

La redacción es tan amplia que menciona palabras tales como, naturaleza, complejidad o magnitud; para que cualquier proyecto -aunque carezca de lógica- sea considerado de interés público.

Con este decreto el presidente blinda sus proyectos, como el famoso aeropuerto Felipe Ángeles, conocido como el de Santa Lucía, el cual carece de las condiciones indispensables para operar y, dicho sea de paso, está a 1:30 minutos del centro de la Ciudad de México.

Para que lo anterior se entienda, un uber o taxi desde la Ciudad de México al aeropuerto Benito Juárez (el aeropuerto actual) cuesta entre 8-12 dólares; mientras que para el nuevo aeropuerto cuesta 100 dólares.

Otro proyecto que carece de lógica en el actual gobierno es la construcción de una refinería, en pleno Siglo XXI, justo en los tiempos que las armadoras de coches más grande del planeta acaban de firmar un acuerdo para dejar de producir autos que empleen gasolina en 50 años.

Lo preocupante de este decreto es que, refuerza la protección de estas obras también en lo concerniente a los datos e la información relacionada con su presupuesto, los contratistas y las personas que intervienen en ella.

Lo anterior, porque la Constitución establece una excepción para: “toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad...sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional".

Este es el gran truco que acaba de sacar de la manga López Obrador para proteger todos sus antojos. Anteriormente sus obras ya eran tachadas de inverosímiles por el gasto erogado y la falta de planeación, ahora, ya no será posible acceder a la información de las obras.

La seguridad nacional es un fórmula nueva en México, sin embargo, en el vecino del norte, Estados Unidos, es usada frecuentemente como un artificio para que, cualquier situación; ya sea robo, lavado de dinero, uso de activos, fraude, declaraciones de un periódico; que no encuadre en los principios de sus leyes, sea castigado, vetado o limitado porque es asunto de seguridad nacional.

Este decreto es una protección total para encubrir cualquier anomalía en la construcción de  obras del actual gobierno federal, que al paso de los años será descubierta, pero será muy tarde para actuar.

La misma historia que sucedió con la construcción de la línea 12 del metro, que se cayó hace unos meses y aún hoy en día no hay un responsable determinado por las autoridades.

Lo más importante es que, este decreto llega en la segunda parte del mandato del presidente mexicano, ósea, protegió sus obras por los siguientes 3 años, lo que es preocupante.

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