¿Militares denunciados por rebelión, sedición y conspiración? censura disfrazada de legalidad

A el convulsionado ambiente post electoral  peruano, bombardeado de denuncias de fraude de Keiko Fujimori y  amenazas de golpe de estado de parte del señor Castillo, se le sumo la denuncia del presidente encargado Sagasti por delitos políticos (rebelión, sedición y conspiración) a oficiales en retiro de las FFAA como respuesta a una carta suscrita por estos oficiales que exhortaba a altos oficiales de las FFAA a no reconocer los resultados mientras no se esclarezcan las presuntas irregularidades en el proceso electoral. Sin embargo, podríamos preguntarnos si ¿esta carta es indicio suficiente para creer que estos oficiales en retiro estén conspirando para llevar a cabo una rebelión o sedición?, veamos.

El código Penal (CP) señala sobre el delito de rebelión( art. 346) (…)El que se alza en armas deponer al gobierno legalmente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional (…) y el delito de sedición art. 347 (…) El que sin desconocer al gobierno legalmente constituido se alza en armas para impedir que la autoridad ejerza libremente sus funciones o para evitar el cumplimiento de las leyes o resoluciones o impedir las elecciones generales, parlamentarias, regionales o locales (…).Al respecto, corresponde ahora examinar si dicha conducta encaja dentro de la norma porque solo así cumpliría con el primer elemento de la antijuridicidad que es la tipicidad.

Para ello, analizaremos primero los delitos políticos (rebelión, sedición) y después la conspiración, en razón a que el segundo es subordinado de los primeros porque gira en torno a sus elementos típicos. En ese sentido, de su literalidad observamos elementos en común en ambos delitos, como el verbo “alzar” en armas y  la ausencia de violencia. Como vemos no podemos encontrar diferencias de su tenor literal, pero si de la finalidad perseguida por sus actores, como por ejemplo, en el delito de rebelión es terminar con el gobierno o el orden constitucional; o, en la sedición,  impedir que la autoridad cumpla con sus funciones, leyes o resoluciones. En consecuencia, de la afectación al bien jurídico que protege la norma podemos extraer sus diferencias.

En ese sentido, tenemos que en el delito de rebelión el bien jurídicamente protegido es el orden constitucional y en la sedición el orden público. Sin embargo, antes de seguir cabría preguntarnos ¿porque el orden público debe estar dentro del ámbito de protección de los delitos políticos? .Varios autores, como el profesor Muñoz Conde, sostienen que en estos delitos se debe tener una concepción plural del bien jurídico. Esto quiere decir que la sedición será un delito político, en tanto, se atente contra el orden público pero con la finalidad mediata de alterar el orden constitucional democrático

Ahora, atendiendo a la intensidad de afectación al bien jurídico, no cabría clasificarlos como delitos de lesión porque su realización no implica la lesión de un  bien jurídicamente tutelado. Por lo tanto, cabría clasificarlos como delitos de peligro, porque existe una puesta en peligro del bien jurídico, dentro de los cuales, los clasificaremos como delitos de peligro hipotético porque su consumación no requiere la puesta en peligro del bien jurídico pero sí que la conducta sea idónea para hacerlo.

Respecto al sujeto activo, es decir a las características de los sujetos que intervienen es estos delitos, la literalidad de los artículos 346 y 347 nos dice que estamos ante una conducta plural “el que se alza en armas (…), entonces son delitos plurisubjetivos porque requieren la participación de varios sujetos activos para su realización. Estos se clasifican en comunes y especiales, en los primeros el sujeto activo puede ser cualquier persona, mientras en los segundos, es necesario poseer una cualidad en concreto. Dentro de los especiales tenemos propios, donde el sujeto activo debe cumplir determinada cualidad, e impropios, donde el sujeto activo es cualquier persona pero si los comete quien ostenta una específica cualidad la pena se agravara como, por ejemplo el art 351  señala que si un militar usurpa, seduce o retiene ilegalmente el mando de tropas para cometer sedición o rebelión “la pena no será mayor a los dos tercios del máximo señalada para el delito que se trata de perpetrar”.

La jurisprudencia nacional, sobre los delitos políticos, en la sentencia a Antauro Humala, entre otros delitos, por rebelión, señala que el alzamiento “Andahuaylazo” liderado por Antauro Humala con el apoyo de reservistas del denominado movimiento político “etnocacerista” califica como el delito político de rebelión porque fue un alzamiento con armas para asaltar y mantener el control de la dependencia policial de la ciudad exigiendo la renuncia del Presidente de la Republica Alejandro Toledo.

Por otro lado, la jurisprudencia española  dice que no cualquier acto político que atente contra el orden constitucional es un delito político, por ejemplo, motivado por la declaración de Soberanía y el derecho a decidir del pueblo de Cataluña, aprobada por el Parlamento en el año 2013, el Presidente de la Generalit, Arturo Mas intento hacer cumplir la declaración e independizar a Cataluña motivo por el cual fue querellado por los delitos de rebelión y sedición, entre otros, porque era un acto reñido con la Constitución y atentaba contra el orden Constitucional Español

 Al respecto el TSJC, sobre la rebelión y sedición, dijo “(…) es presupuesto necesario del delito que con intención de declarar la independencia de parte del territorio nacional se produzca un alzamiento violento y público, esto es, mediante una actitud activa por la fuerza o estando dispuesto a su utilización y en forma pública, patente o exteriorizada “.Como vemos el razonamiento del Tribunal es que para que exista un delito político tiene que existir un alzamiento en armas.

Acerca de la conspiración podemos decir que es un acto previo a la realización de la rebelión o sedición, es así que el artículo 349 nos dice, “El que toma parte en una conspiración de dos o más personas para cometer delitos de rebelión, sedición o motín (…)”. Este es un delito plurisubjetivo y especial impropio que es punible, como acto previo, por su peligrosidad respecto al bien jurídico protegido. En este delito los sujetos activos son coautores anticipados porque todos realizan conjuntamente el hecho ilícito. En consecuencia, el Ministerio Publico, en el presente caso, antes de formalizar investigación preliminar, deberá demostrar indicios que sustenten la presunción de la existencia de un acuerdo de estos oficiales para perpetrar esos delitos.

Concluimos, después de analizar los elementos que la norma y jurisprudencia (nacional e internacional) requiere que un hecho cumpla con el primer elemento de la antijurícidad que es la tipicidad, diciendo que la conducta de estos oficiales no calza dentro de los delitos de rebelión y sedición. Asimismo, respecto a la conspiración creemos que de no existir ningún indicio que demuestre se estaba planeando un delito político poco o nada podrá hacer una carta suscrita por militares en retiro sin poder efectivo. En consecuencia, todo pareciera indicar que el Presidente encargo, con esta denuncia, pretende utilizar la legalidad para disfrazar la censura contra militares que en ejercicio de su libertad de expresión públicamente expresaron su preocupación ante el escenario político actual.

 

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