Hace algunos años, cuando se promulgó la nueva ley universitaria, fui un entusiasta creyente de los cambios que ella vendría a producir en las universidades. Sin embargo, todo fue una quimera, pues la Sunedu avaló y avala la mediocridad académica y no solo por el escandaloso caso de la Universidad César Vallejo, sino por casos como el de mi alma máter y de la Facultad de Humanidades, en especial. Resulta que mi Facultad se creó con retazos de la Facultad de Educación y, por lo tanto, teníamos profesores formados en educación, lo que provocó que siempre fuera una constante el exigir un cambio y el nombramiento de profesores formados en Humanidades. Desafortunadamente, desde el 2001 y solo hace un año, se convocó a otro concurso público para nombrar nuevos profesores. Tuvieron que pasar 20 años en los cuales ni la ANR ni Sunedu se preocuparon por la formación de los estudiantes.
En ese caos nos formamos y, cuando llegó la tan mentada Reforma Educativa, las ilusiones de un real cambio se fueron desvaneciendo. Una persona graduada en cualquier cosa, menos en una carrera de Humanidades, llegó y destruyó lo poco que se había avanzado y lo hizo con la nueva ley universitaria vigente. Ya que la ley no contemplaba especialistas en el área para el contrato docente, pues solo exigía que tuvieran el grado de maestría, el desguizado se hizo mayor, persiguiendo a aquellos profesores que le eran incómodos y que le recordábamos: “zapatero a sus zapatos”. Una persona que en los años 90 fue una fiel guaripolera de la Comisión Reorganizadora (CORE), igual que Aníbal Torres en San Marcos, fue una apañadora del intervencionismo fujimorista y actuaba como lo hacen los mediocres, persiguiendo y vetando a aquellos que no se alineaban a sus formas. En mi caso, sus odios y rencores fueron mayúsculos y creo que me los gané a pulso, porque cuando este personaje se hizo del poder en el 2010, yo escribí que era negativo para nuestra facultad que una persona cuyo reconocimiento no pasaba de la Avenida Colmena, nos dirija. Peor aún era la forma de llegar al poder, que fue una encargatura, tal como lo hizo en los 90s.
Yo había salido de la Facultad y solo trabajaba en Ceprevi. Un día me llamaron y me dijeron que ya no trabajaría ahí porque esta persona así lo había exigido. Pero no solo eso, pues incluso prohibió mi ingreso a la universidad. Para mí eso no era problema. Si era el precio que se tenía que pagar por defender mis principios e ideales, lo acataría. Lo curioso es que su apoyo estudiantil eran los chicos de izquierda, a quienes nunca les importó que la señora fuera una desconocida académicamente; lo importante es que eran funcionales a sus mutuos intereses (sobre todo políticos y no académicos). Desde hace una década esta persona gobierna en la Facultad. Por ejemplo, en un concurso, supervisado por Sunedu, se contrataron durante la pandemia profesores que no eran de la especialidad y, hace unos meses, decidí participar en un concurso para contrato. Resulta, entonces, que ni mi grado de doctor ni la intensa actividad académica de mis últimos años sirvió siquiera para pasar la primera fase del concurso ¿Quién presidió dicha comisión? Sí, el personaje en cuestión, pero no solo fui yo el vetado, ya que amigos y profesores de la especialidad, que también han sido críticos de su gestión, no se les permitió pasar la primera etapa.
¿Y la Sunedu? Bueno, muchos dirán que ella no puede intervenir en casos tan específicos, pero si en Villarreal pasan estas cosas (vetos y persecuciones), lo de la Universidad César Vallejo es más de los mismo: una producción académica mediocre que venía desde años antes de la aparición de la Sunedu, pero que continuó con su presencia. A la fecha tiene 83 mil tesis registradas en Renati, superando por 4 a la Pontificia Universidad Católica y casi por 5 a San Marcos, nuestras universidades más destacadas. Asimismo, de los 10 profesores con más asesorías, 6 pertenecen a la UCV y entre ellos han asesorado casi 2400 tesis, algo humanamente imposible y que pasó desapercibido para nuestro ente rector. Y si esto pasa en universidades públicas y privadas que se ubican en Lima y se encuentran físicamente cerca de la Sunedu, ¿qué no sucederá en el resto de universidades nacionales y privadas de provincias?
Ya en algunos artículos anteriores hice extensos comentarios a las graves fallas de la Sunedu y creo que no las solucionará; desde mi perspectiva, esta institución se ha convertido en el brazo político de los gobiernos de turno. Es inexplicable que hasta la fecha no haya cuestionado el despropósito del señor Castillo de permitir el libre ingreso a las universidades. Si de por sí tenemos déficit en infraestructura y profesores, ¿cómo se va a mejorar la calidad académica con esta masificación? Además, ¿cómo es posible que los profesores que cumplan 75 años los manden a sus casas? El señor Mora dice que se pueden quedar como extraordinarios, pero no le preocupa en este caso que la universidad sea juez y parte. Es decir, que ella elija quién se queda y quién se va, y que dicho proceso no sea supervisado. Este es un hecho que da paso a las venganzas y persecuciones contra aquellos docentes que no formaron parte de alguna camarilla o fueron críticos con gestiones decanales o rectorales. Además, es un hecho contradictorio que el superintendente de la Sunedu tenga más de 80 años y siga trabajando ¿Acaso los demás docentes no deberían tener el mismo derecho? Habría que recordarle a la Sunedu que “a igual razón, igual derecho”.
Es obvio que no se desea una vuelta a la triste ANR, que era igual de inoperante e incompetente que la Sunedu, lo que se busca es que esta institución esté alejada del poder político de turno y que cumpla realmente su función, la de velar por la calidad educativa; ya lleva 8 años en función y es poco lo que se ha avanzado. Para muestra un botón, en el caso de las Humanidades, las universidades peruanas no tienen ninguna revista indexada en Scopus y, recientemente, Concytec ha elevado la valla para ser calificado como profesor investigador, exigiendo que los artículos estén indexados en Scopus ¿Acaso la Sunedu no debería coordinar con Concytec y aplicar una política acorde a nuestra realidad académica? ¿O cree la Sunedu y Concytec que con la copiosa producción de la UCV nuestra calificación debe ser esa?
Por último, es positivo que aquellos defensores de la Sunedu recolecten firmas para declarar la inconstitucionalidad de la ley aprobada por el Congreso, pero es de pésimo gusto que los que la encabecen sean personas que tienen evidentes conflictos de intereses, por haber sido consultores de la misma; un poco más de decoro les vendría bien.
