Odebrecht: los tubos de la corrupción.

3 Septiembre, 2021

Luis Yntor

Es indignante que el gobierno de Pedro Castillo, siga arrastrando el tema Odebrecht y que está empresa corrupta siga afectando al país. Es inconcebible que el Estado peruano, destine en el presupuesto del 2022, la cifra de  S/172 millones para custodiar y dar mantenimiento a los tubos de Odebrecht, de la estafa llamada "gasoducto del sur" y que solo por ese concepto, estamos gastando S/ 900 millones desde el 2017.

Los tubos en cuestión son parte del proyecto Gasoducto del Sur, un proyecto escandalosamente sobrevalorado en el gobierno de Humala, que pasó de un presupuesto inicial de US$ 1,300 millones a US$7,500 millones y fue el pago por la colaboración de Odebrecht a la campaña del capitán Carlos. Para hacer viable el proyecto, fue sobrestimado el volumen de gas y los tubos fueron sobredimensionados con una capacidad mucho mayor al volumen de gas a transportar y es sabido q esos tubos fueron comprados a una empresa vinculada a PPK. Los tubos no van servir ni se van a usar, son tubos de la corrupción.

Reflexionemos y entendamos las cifras. Odebrecht pagará al Perú S/600 millones en 15 años por reparación civil, mientras el estado  gasta S/900 millones por custodiar sus tubos. Sumado a ello, los S/ 524 millones de devolución a Odebrecht  por venta de Chaglla, los S/1000 millones de exoneración de pago de impuestos, los S/950 millones que no canceló a Cofide; sin embargo está empresa ha tenido la osadía de someternos a arbitrajes por Rutas de Lima y por el Gasoducto del Sur, y que es probable que perdamos el juicio  y pagaremos más de S/1,200 millones. Los actos y los acuerdos de los felipillos de la fiscalía han sido lesivos a los intereses del país con el cuento de saber la verdad. Ha sido un negociado a favor de Odebrecht.

Este negociado es un triunfo  de la caviarada odebrechista que siempre pactó con esta  empresa corrupta y que hoy unida al gobierno senderista, aprueban un presupuesto dónde se continúa con el despilfarro millonario para el cuidado de tubos y bienes que pertenecen a  Odebrecht, cuando en realidad el Gobierno de Castillo, muy promotor del pago de deudas de los privados, debería poner en venta todos los bienes de esta constructora mafiosa que el estado tiene como garantía.

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