Investigaciones a cargo del Ministerio Público.

Por Roberto Rendón Vásquez.

Desde julio del 2018 el “denominado” “equipo Lava Jato”, integrado por los fiscales que presidía Rafael Vela Barba e integrado por José Domingo Pérez Gómez, Geovana Mori Gómez, Germán Juárez Atoche y Carlos Puma Quispe “publicitaron” que tenían 35 investigaciones abiertas y más de 250 personas investigadas relacionadas a delitos de corrupción de funcionarios y lavado de activos vinculadas a empresas constructoras brasileñas y peruanas. Los fiscales Vela y Pérez en los medios periodísticos reiteradamente formulaban declaraciones sobre las investigaciones que realizaban a ex-Presidentes y sus ministros y funcionarios inmersos en actos de corrupción por recibir dádivas de Odebrecht. Los citados fiscales desde hace más de 5 años se han ufanado de que por la “colaboración eficaz” de funcionarios de Odebrecht han obtenido las pruebas “fehacientes e indubitables” de los actos de corrupción atribuidos a los ex-Presidentes, ministros y funcionarios. Después de sus viajes a Brasil informaban que habían conseguido la aceptación de dichos “personajes” brasileños para prestar “su colaboración eficaz”. Los fiscales Vela, Pérez y Morí parecía que deseaban volverse “populares”. Exponían que “tenían las pruebas suficientes” para que en las acciones penales en el Poder Judicial se condene a los investigados expresidentes, ex ministros y ex funcionarios.

Han transcurrido años y no han concretado las respetivas acusaciones ante los jueces penales competentes. Incluso hace días se conoció que Jorge Barata (“funcionario” de Odebrecht en el Perú) no ha formulado “informaciones” porque dijo “que no recuerda”. Con esto se vino abajo “su colaboración eficaz”.

Ahora toda “la “colaboración eficaz” que pregonaban Vela y Pérez han dejado de tener valor probatorio por decisión final e inapelable de la Segunda Sala del Supremo Tribunal Federal de Brasil “debido a la probada contaminación del material probatorio recabado por el 13º Juzgado Federal de Curitiba” (SIC). Esto se enmarca en el juicio que Ollanta Humala, Nadine Heredia y exdirigentes del Partido Nacionalista vienen afrontando por “investigaciones penales” por el atribuido delito de lavado de activos. Tras esta resolución del Supremo Tribunal Federal de Brasil del sistema de justicia brasileño, las autoridades tienen prohibido hacer referencia a estas pruebas consideradas ilegales y han declarado como inválidas toda referencia testimonial de estas.

Ante esa decisión judicial del Tribunal Federal de Brasil, todos los casos de corrupción atribuidos al Presidente Humala, Nadine Heredia, sus entonces ministros y funcionarios que han estado relacionados con la corruptora Odebrecht, corren el riesgo de quedarse sin pruebas que permitan condenar a los corruptos.

Otro hecho: por información periodística se conoce que los fiscales José Domingo Pérez, Walter Villanueva y Eddie Velázquez están comprendidos en una indagación preliminar ante la Autoridad de Control del Ministerio Público debido a que se ha producido una “filtración del video de Jorge Barata que tenían en custodia”. Dichos fiscales (del equipo Lava Jato) no han concurrido a la citación para responder como se filtró el citado video que se habría publicado por Gustavo Gorriti. Tal hecho evidencia que al interior del Ministerio Público como del Equipo Lava Jato no se habría procedido correctamente respecto a las investigaciones a cargo de los mencionados fiscales.

También medios periodísticos han informado del riesgo de la prescripción en el Caso de la Interoceánica, tramos 2,3 y 4 en que también está involucrada la constructora Odebrecht y las peruanas Graña y Montero, ICCGSA y JJC Contratistas Generales (en este tiempo no existía el Equipo Lava Jato) y que es motivo de investigación al ex Presidente Alejandro Toledo. La investigación preliminar en este caso empezó el 19/06/2015 a cargo de la Fiscalía Supra-provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. La información periodística indica que dicha investigación va durando más de 8 años para el inicio del juicio oral (el próximo 11 de septiembre). Obviamente si en el Poder Judicial se declara la prescripción, se habría hecho un grave daño a la Nación.

Lo que hay en evidencia, es que las investigaciones que realizan fiscales pertenecientes al Ministerio Público, a pesar de los años transcurridos, no han resultado legalmente eficientes.

Ante todo, ello: ¿Habrá llegado el fin de los “populares” Vela y Pérez y demás fiscales a cargo de investigaciones a ex Presidentes por delito de corrupción y lavado de activos?