Delincuencia incrementada por llegada de extranjeros

Por Roberto Rendón Vásquez.

En el mundo es una generalidad que en los países actúen cotidianamente los delincuentes. En algunas naciones la delincuencia es extrema y cruel con las víctimas razón por la que es elocuente la inseguridad de la población motivando que haya recomendaciones a los visitantes extranjeros que en lo posible eviten visitar y/o viajar a esos países.

El Perú no es la excepción. Los actos delictivos eran cometidos individualmente o mediante organizaciones criminales. A través de medios periodísticos la Policía informaba a la opinión pública de capturas a delincuentes que luego de las respectivas investigaciones los ponían a disposición del Fiscal en lo Penal de turno para que presente la acusación respectiva ante el Juez Penal y a pesar que los procesos penales muchas veces eran lentos, los delincuentes eran sentenciados a penas privativas de libertad e internados en centros de reclusión. Las cárceles estaban saturadas.

La inseguridad ciudadana siempre ha sido un problema alucinante por lo que la población pedía frenarla persiguiendo, deteniendo y sentenciando a delincuentes comunes como a las peligrosas bandas dedicadas al crimen organizado. Pero …. lamentable y desgraciadamente la inseguridad se ha acrecentado a partir del 2017 en “coincidencia” con la llegada de gran cantidad de “migrantes”, especialmente venezolanos, que se dice salieron de su país huyendo de sus crisis que los agobiaba; también comenzaron a llegar colombianos y de otras nacionalidades. Dentro de esos “migrantes” ingresaron al Perú oleadas de delincuentes que terrible y espantosamente han afectado a las poblaciones peruanas. Las modalidades delictivas se han incrementado. Citemos como referencia sólo algunos delitos: proxenetismo, estafa, intimidación, extorción, hurto y robo, informático, lesiones y homicidios; el sicariato es espantoso cada día.

Evidentemente no se está prestando debidamente el servicio público de seguridad ciudadana. Nadie está libre de ser víctima de día o noche, en lugares públicos o privados, establecimientos, transportes ni en sus domicilios. Los agraviados son varones, mujeres y hasta niños y ancianos. La población considera que el entonces Presidente Pedro Pablo Kuczynski Godard es responsable por haber abierto irresponsablemente nuestras fronteras a los “migrantes delincuentes”. Las autoridades peruanas han registrado que solo en el 2022 ingresaron 17.000 venezolanos con antecedentes por la comisión de diversos delitos. En lo que va del año, el número de detenidos ya llegaron otros 5,000.

El Instituto Nacional de Estadísticas Informáticas (INEI) informó en marzo del 2023 que en las cárceles hay 3.714 reclusos extranjeros: 2.464 son venezolanos - ocupan el primer lugar y sigue los colombianos con 600 -. Hechos que son necesarios señalar: Muchas veces la Policía informa públicamente que antes habían detenido a delincuentes y puestos a disposición del Fiscal correspondiente y algunos fueron acusados penalmente ante el Juez competente, pero los “han vuelto a detener por nuevos delitos, lo que significa que el fiscal o el juez penal resolvió concediéndoles la libertad. Consecuencia, el delincuente continúa delinquiendo en la ciudad. ¿Porque les dieron libertad si ya habían cometido delitos?

Los peruanos tenemos el derecho de defendernos y exigir que los Poderes del Estado – el Legislativo, Ejecutivo, Judicial y el Ministerio Público – real y efectivamente de inmediato ejecuten acciones legales contundentes para frenar y extinguir el avance de la delincuencia en general y, en particular, de la perpetrada por venezolanos y delincuentes de otros países. Hay necesidad de cerrar nuestras fronteras a la migración de delincuentes y sin contemplaciones condenar judicialmente a los que han sido detenidos y expulsar del Perú a migrantes ilegales o que carezcan de una ponderada justificación para habitar aquí.

En nuestra sociedad los peruanos tenemos el derecho a vivir con seguridad tanto de día como de noche, en las vías públicas, caminos, transportes, centros de trabajo y comerciales, nuestras viviendas y que se respeten nuestros derechos de propiedad de bienes muebles e inmuebles, nuestra integridad física y la vida, que no se nos extorsione, intimide ni secuestre, que nuestros hijos y nuestra población femenina no sean corrompidos por tratantes de personas o por la drogadicción. Por lo tanto, la ciudadanía considera imprescindible que el Gobierno solucione inmediatamente este problema en procura del bienestar y la tranquilidad de la mayoría de los peruanos y extranjeros de bien que viven en nuestro país.