Internacionalización de la delincuencia

Por Roberto Rendón Vásquez.

Cada día se impacta más a la población con escalofriantes informaciones periodísticas en diarios, radio y televisión, sobre delincuentes que armados con armas blancas, de fuego, granadas y explosivos afectan severamente ya no solamente con hurtos, robos, daños personales (lesiones) y asesinatos en calles, establecimientos, vehículos y viviendas, sino que se está incrementando el número de delincuentes que actúan solos o en bandas y lo más grave es que ya se ha evidenciado que el crimen está organizado internacionalmente actuando bajo muchas nuevas modalidades en estafa, delitos informáticos, intimidación, chantaje, extorción, secuestros, sicariato (muchas veces utilizando menores de edad), contrabando, tráfico de personas (mujeres y hasta niños), elaboración y tráfico de drogas, minería ilegal, delitos forestales y comercio ilegal de maderas, explotación ilegal de la flora y la fauna. Frecuentemente los vecinos y la policía encuentran cuerpos de hombres y mujeres asesinados. Muchos delincuentes dirigen bandas desde las prisiones y hay otros que pertenecen a bandas internacionales que se han organizado para operar en varios países; se conoce que sus “matrices” son de Venezuela, Colombia, Ecuador, Méjico. Chile, Bolivia, etc. No puede omitirse señalar que también a nivel nacional e internacional hay organizaciones dedicadas a la corrupción en la actividad pública y/o privada. No obstante que las autoridades manifiestan que la combaten, la delincuencia organizada se está volviendo incontenible en el Perú.

La Policía Nacional, a través de sus diversas dependencias y con el apoyo de los serenazgos distritales, permanentemente está combatiendo la delincuencia. No solamente detiene a los autores de hechos delictivos realizados en diversos lugares, sino que investiga a los delincuentes que logran huir y a los que operan bajo diversas modalidades y ubicados son detenidos y con los atestados correspondientes son puestos a disposición del Fiscal. Lamentablemente aún persiste la dilación de los actos delincuenciales en las investigaciones fiscales; también hay demora en los procesos judiciales penales pues es público que los jueces (de todas las instancias) no cumplen los plazos procesales en procesar cada expediente judicial penal. También es informado periodísticamente (generalmente por televisión) que delincuentes que ya habían sido puestos a disposición del fiscal correspondiente, nuevamente han sido detenidos por la Policía por nuevos delitos que han cometido en “libertad”.

La criminalidad se ha convertido en un grave problema nacional que no ha sido prevenido ni combatido eficientemente por los ministros y/o funcionarios del Estado. Aun, pese al esfuerzo de la Policía Nacional, no se han superado las deficiencias de los sistemas de seguridad que ocasionan el severo incremento de la inseguridad ciudadana. Ante las dilaciones en las investigaciones fiscales y/o en los procesos judiciales penales se corre el riego que pueda sobrevenir la prescripción del delito con lo que se favorece el autor del delito, pues, se les concede libertad y hasta se les borra sus antecedentes.

Las autoridades competentes no han prevenido el incremento de la criminalidad y en el Legislativo y/o Ejecutivo no han enmendado los Códigos Penal y Procesal Penal con el objeto de establecer una real tipificación de cada delito y una pena privativa de la libertad severa del cumplimiento obligatorio y sin goce de “libertades” (bajo cualquier “denominación”). Es hora que se modifiquen y mejoren los Códigos Penal y Procesal Penal. En cuanto al proceso, no se debe establecer plazos “largos” y, además, obligar a que los magistrados procesen cada expediente judicial penal dentro de los plazos correspondientes, bajo responsabilidad administrativa y penal.

Por otro lado, ante el hacinamiento de las actuales cárceles, edificar nuevas que necesariamente sean seguras y además deben tener centros de trabajo (que pueden ser alquilados a empresarios) para producir bienes destinados a los mercados. Obligatoriamente todos los detenidos – sin excepción – deben trabajar y de cuyas remuneraciones los reclusos deben sufragar su alimentación durante todo el tiempo que dure su encarcelamiento. No es ya admisible que todos los detenidos en cárceles sean “mantenidos” por el Estado (Estar en prisión es una ventaja para los delincuentes)

Los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Ministerio Público no deben olvidar que la Constitución establece que “el fin supremo de la sociedad y del Estado es la defensa de la persona humana y el respeto de sus derechos fundamentales y su dignidad”.