Por Roberto Rendón Vásquez
A confesión de parte, relevo de pruebas, es un axioma jurídico que significa que quien confiesa algo libera a la contraparte de tener que probarlo. (SIC)
Es inocultable que la administración de justicia en el Perú adolece de deficiencias. Algunos de los problemas que señalan los justiciables, abogados, opinologos y el público son: extremada dilación en procesar en el Poder Judicial (todas las instancias) las causas judiciales penales, civiles, comerciales, familia, laborales, contencioso administrabas, etc.; el no procesar las causas dentro de los plazos procesales nítidamente señalados en los códigos y normas procesales vigentes; exceso de personal administrativo (observada a simple vista), falta de efectiva atención a los justiciables y/o abogados en los Juzgados y Salas Superiores; ineficacia de decisiones adoptadas por algunos jueces; falta de un eficiente Órgano de Control (dilatan excesivamente las quejas). Igualmente, en el Ministerio Público se producen similares problemas.
Para ser magistrado juez y/o fiscal hay que ser abogado debidamente colegiado. Para ser abogado ha tenido que cursarse estudios en una Facultad de Derecho de una Universidad, obtener el Título Académico de Bachiller en Derecho y aprobar el examen público de grado para que le otorguen el título de abogado y prestar juramento de cumplir con la ley. Luego colegiase en un Colegio de abogados donde también prestan juramento de cumplir con la ley. Si tiene vocación de ser fiscal o juez (o desea el trabajo) es imprescindible estudiar y capacitarse para todos los niveles en la Academia de la Magistratura para mejorar la administración de Justicia (Constitución, artículo 151°). Por ende, debe suponerse que el aprobado para ser juez o designado, está preparado para administrar justicia eficientemente y cumpliendo las leyes como lo dispone el artículo N° 109° de la Constitución. Sin embargo, persisten las quejas por la ineficiente administración de justicia. Igual ocurre en el Ministerio Público.
Lo expuesto es realidad. La ex Fiscal de la Nación y ahora congresista Gladys Margot Echaíz De Núñez Izaga, con el “objeto” que se encargue de la selección y formación de los aspirantes a jueces o fiscales, como único medio y forma de acceso a la carrera judicial y fiscal, ha presentado un proyecto de ley para “crear” la Escuela Nacional de la Magistratura en reemplazo de la Junta Nacional de Justicia que viene siendo objeto de mociones para la remoción de sus integrantes. En pocas palabras: la ex Fiscal de la Nación reconoce la necesidad de cambiar la actual situación en ambas entidades.
Ante tal proyecto el presidente del Poder Judicial (PJ), Dr. Javier Arévalo Vela, púbicamente lo ha respaldado. Ha dicho: “Me parece un excelente proyecto con los ajustes que sugiero, y creo que es necesario que lo aprueben, porque necesitamos ir cambiando hacia un sistema distinto de elección de jueces" y “Sería la primera vez en la historia de Perú que habría un sistema de carrera judicial desde una escuela” “La propuesta eleva a nivel constitucional la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y del Ministerio Público, y crea el Consejo de Coordinación Interinstitucional del Sistema de Justicia” (SIC).
El Proyecto de la ex Fiscal de la Nación Gladys Echaíz y las públicas declaraciones del Presidente del Poder Judicial Javier Arévalo Vela, revelan que son ciertas y actualmente inocultables las deficiencias de la administración de justicia e investigaciones fiscales. El que se sugiera la creación de una Escuela de la Magistratura revela que los actuales magistrados que prestan servicios en el Ministerio Público y el Poder Judicial, tienen una deficiente preparación profesional y de especialización y debe suponerse que por ello son las deficiencias inocultables.
Es necesario además que proyecte y discuta un proyecto complementario para establecer responsabilidades personales jurisdiccionales, administrativas y penales a los actuales magistrados fiscales y jueces que no cumplan con tramitar las causas a su cargo dentro los plazos procesales y/o que emitan resoluciones afectando no solo a los justiciables que reclaman justicia sino a la sociedad.
El hecho que la ex Fiscal de la Nación y el Presidente del Poder Judicial se pronuncien sobre ese proyecto, implícitamente aceptan las deficiencias expuestas que evidencian descontento nacional. La sociedad exige magistrados probos, honestos y cumplidores de sus obligaciones.