Por Roberto Rendón Vásquez.
Es generalizada la opinión que la administración de justicia no evidencia confianza. No es nuevo, pero ahora está en un incontrolable precipicio. Como estamos en un nuevo milenio y acabamos de conmemorar el bicentenario de la Independencia peruana, por ende, sólo opinaremos de algunos casos en esa administración ocurridos en las últimas décadas. Son casos que han merecido reiteradas e importantes informaciones periodísticas escritas, radiales y televisivas, de donde las hemos recogido.
Luego que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que la constructora brasileña Odebrecht había realizado sobornos en varios países, en Perú el Ministerio Público conformó (Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 5050-2026-MP-FN 26/12/2016) el denominado “Equipo de Fiscales para realizar las investigaciones de los delitos de corrupción de funcionarios y conexos”. Se refirió al caso de esa empresa brasileña. Están investigados los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García Pérez (2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori; y los exalcaldes de Lima, Susana Villarán (2011-2014) y Luis Castañeda (2014-2018), congresistas, ministros y funcionarios de alto nivel. Hasta ahora no concluyen los procesos “investigatorios” y/o los penales en el Poder Judicial. Se opina que hay politización de algunos magistrados.
Todos recordarán, el sábado 07/07/2018 comenzó a conocerse el caso de los Cuellos Blancos del Callao que involucraba a Walter Benigno Ríos Montalvo, Presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, a César José Hinostroza Pariachi, magistrado de la Corte Suprema, Julio Atilio Gutiérrez Pebe, Guido César Águila Grados, Sergio Iván Noguera, consejeros del CNM. Se decía entonces que fue la revelación del mayor caso de corrupción en el sistema de administración justicia en el Perú en la que estaban involucrados los “empresarios” Antonio Camayo, Mario Mendoza Díaz y Edwin Oviedo. El único integrante de esa organización criminal (judicial) sentenciado (diciembre/2021) es Walter Ríos Montalvo. Este reveló que la mayoría de ellos estaban presuntamente involucrados en 25 de los 40 actos ilícitos de corrupción como tráfico de influencias, que se conocieron por colaboración eficaz.
El 26/08/2028 en el Diario El Comercio se publicó que el entonces Presidente del Poder Judicial, Dr. Víctor Prado Saldarriaga, dijo: "Hay infiltración, se copta a magistrados para que actúen a favor de la criminalidad organizada". (SIC.-Internet).
Acaba de “reventar” otra “perla” de actos de corrupción: la del cómico “Chibolín” presentador televisivo – Andrés Avelino Hurtado Grados – que, según se informa periodísticamente, es por tráfico de influencias en las que estarían involucradas la jueza Superior Paola Luz Valdivia Sánchez, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima María Delfina Vidal La Rosa Sánchez, la Fiscal Superior Titular Especializada en Delitos de Lavado de Activos Luz Elizabeth Peralta Santur.
También, por las informaciones periodísticas, estarían involucrados otros magistrados como Emma Benavides (hermana de la ex fiscal Patricia Benavides).
Los informativos periodísticos refieren que los actos ilícitos que habrían cometido y que se investigan, entre otros, serian tráfico de influencias y lavado de activos. Se señala que “Chibolin” Hurtado habría remodelado el departamento de una magistrada; que habrían recibido viajes al extranjero y objetos lujosos a cambio de favores judiciales; se ha comentado que presidenta de la Corte Superior de de Lima, María Delfina Vidal La Rosa Sánchez, estaría por la organización del evento por el Día del Juez en 2023.
Se ha señalado que se ha favorecido a Javier Miu Lei al devolverle 100 kilos de oro decomisados y no acusarlo ante el Poder Judicial. La coima que habría recibido “Chibolín” es de US$1 millón.
Ante este hecho que acaba de explotar, que ya no se puede silenciar, el Consejo Ejecutivo y la Sala Plena de la Corte Suprema del Poder Judicial han designado a los jueces supremos Elvia Barrios Alvarado y Ramiro Bustamante Zegarra para que hasta el 11/10/2024 inspeccionen y evalúen el área penal de la Corte Superior de Lima y “formulen recomendaciones que permitan corregir los problemas de influencias externas”.
Estos casos, que son sólo algunos ya inocultables, explican porque un importante sector de nuestra sociedad está perdiendo – o ya la perdió – la credibilidad en los señores magistrados fiscales y jueces (de todas las jerarquías) que éticamente deben administrar justicia correctamente.