Por Roberto Rendón Vásquez.
En los últimos años la delincuencia se está incrementando horripilantemente produciendo diariamente crímenes terribles ocasionando miedo, espanto, pavor y pánico que son el terror a la población, Cada día los medios periodísticos lo informan. Los delincuentes operan individual y organizadamente y pese al trabajo cotidiano de la Policía Nacional que detiene a muchos, hay más delincuentes que intimidan, chantajean, extorsionan, raptan y asesinan en calles, establecimientos, transportes, viviendas; han llegado hasta poner bombas en un penal capitalino.
Pareciera que, no obstante que la PNP ha incrementado la cantidad de policías en las calles, falta fortificarse los servicios de inteligencia contra la criminalidad asignándosele con emergencia presupuestos para incrementar sus agentes para un cotidiano y fortificado servicio de inteligencia para ubicar las organizaciones criminales y los delincuentes, conocer anticipadamente sus “objetivos” y con las pruebas indispensables detenerlos y ponerlos a disposición de los fiscales.
Se está afectando notablemente la seguridad de la población, pues la PNP pone diariamente a los delincuentes capturados autores de delitos y con los atestados (con las pruebas obtenidas por la Policía) a disposición del Fiscal correspondiente para que legalmente formule la denuncia respectiva ante el Juez penal. Lamentablemente muchos delincuentes han vuelto a ser detenidos por la PNP porque han cometido nuevos delitos. La población se preocupa: ¿Quién les dio libertad, el fiscal y/o el juez penal? Constantemente medios periodísticos informan que magistrados fiscales y/o jueces en lo penal, son investigados por haber concedido libertad a delincuentes detenidos con pruebas de sus delitos. Este problema existe en el Ministerio Público y/o Poder Judicial.
La sociedad está preocupada por las dilaciones en “investigaciones” a los autores de delitos en el Ministerio Público y/o en los procesos judiciales a cargo del Poder Judicial. Los procesos judiciales penales no son breves. Incluso en casos de detención provisional. Esto acarrea el riesgo que sobrevenga la prescripción a favor de los delincuentes (no sólo “obtienen” libertad, sino que hasta les borran sus antecedentes).
Lamentablemente nuestros Código Penal (pese a las reiteradas “enmiendas”) en los hechos es “benévola” con las penas para muchos delitos. A la brevedad debe aprobarse otro Código Penal que tipifique correctamente cada delito y señale penas privativas de libertad realmente severas; en el Código Procesal Penal fijar plazos breves para cada acto procesal y para la expedición de las sentencias en todas las instancias, inclusive si los expediente “llegan” a la Corte Suprema. Establecerse la responsabilidad administrativa y penal contra los magistrados que incumplan los plazos procesales. Se necesita Códigos sin parches ni copia de los de otros países.
Es indispensablemente establecer constitucional y legalmente que los delincuentes “investigados” y/o sentenciados que están detenidos sufraguen su existencia durante el tiempo que están privados de libertad. Para el efecto, en cada centro de reclusión debe haber fábricas y/o talleres (que se alquilen a personas de la actividad privada) para producir bienes para los mercados. Los trabajadores deben ser solo los detenidos. El Estado no debe sufragar la diaria alimentación y/o cuidados de salud de los detenidos. Que haya normas legales que establezcan que toda privación de la libertad del procesado penal debe ejecutarse con la obligatoriedad que él labore y que pague su subsistencia.
Igualmente, como los centros de reclusión actualmente están saturados, de inmediato edificar nuevas cárceles; deben estar en las alturas andinas. Indispensable: en cada establecimiento cancelario instalar sistemas que impidan con el exterior la conexión con teléfonos y/o sistemas electrónicos.
Es de justicia, que los autores de los delitos, antes de obtener su libertad (por cualquier motivo) previamente cumplan los devolver a sus agraviados integro de los bienes y/o dinero que les han hurtado y/o robado y/o sus valores actualizados al momento de la “devolución”. También que cumplan con pagar íntegramente el monto de la reparación civil a los agraviados. Sin esa devolución y pago de la reparación civil, no se les podrá conceder el uso “de la libertad” aunque hayan cumplido con el tiempo para el que fueron sentenciados. Actualmente los delincuentes se quedan para si con el dinero y bienes de sus víctimas y no pagan la citada reparación civil.
Gobernantes del Ejecutivo y Legislativo deben establecerlo de inmediato. Los que delinquen sólo con el trabajo se resocializarán. Las víctimas de los delincuentes no deben sostenerlos.
12 Diciembre, 2022
29 Mayo, 2019
