Propuesta de la “Institución de Elite” que debe enfrentarse al sicariato y la extorsión

Por Michael García Coronel

Abogado experto en temas de criminalidad organizada

El problema de la extorsión y el sicariato, es una modalidad delictiva que se viene desarrollando en los últimos tiempos con excesiva violencia porque no solo afecta el patrimonio de las personas, también afecta la vida de los ciudadanos a través del sicariato, incrementándose cada día el número de víctimas, situación que ha motivado a la población y distintos gremios de los diversos rubros económicos afectados, realizar actos de protestas y solicitar al Estado que presenten una fórmula de solución y detenga esta plaga delictiva.

Si bien es cierto, es obligación del Estado preservar el orden interno y brindar seguridad a la población; sin embargo, es posible advertir que este flagelo delictivo promovido por organizaciones criminales, bandas criminales y por delincuentes de poca monta, observaron la fragilidad del Estado y la vulnerabilidad de sus víctimas, que les permite actuar con cierto grado de impunidad, logrando causar en la población un estado de pánico, zozobra e inseguridad.

Actualmente, uno de los sectores fuertemente golpeado por la extorsión y el sicariato, es el transporte público, quienes vienen realizando una serie de reclamos y protestas para ser escuchados, pero a su vez plantean una alternativa de solución, que pese a la desconfianza con ciertas instituciones públicas, de igual forma confían en ellas; por ese motivo, solicitan que se constituya una INSTITUCION DE ELITE integrado por la Policía Nacional, Ministerio Público y el Poder Judicial, que puedan enfrentarse contra estos tipos de delitos cometidos por grupos criminales.

Formar un nuevo equipo o institución de elite, para que atienda estos tipos de casos, tardaría un periodo de tiempo que no se condice con la realidad, porque la sociedad y las víctimas exigen atención inmediata.

Que el grupo de elite a formarse, podría integrar la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, la Fiscalía Contra el Crimen Organizado y los equipos especiales de la PNP, que sería un equipo de gran interés; sin embargo, estas mismas instituciones actualmente son las encargadas en velar la investigación, proceso y sanción contra las organizaciones criminales dedicadas a este rubro, además, con la carga procesal que cuentan, sus atenciones no serían inmediatas, contraviniendo una de las condiciones que debe tener el equipo de elite, que es respuesta inmediata.

El autor a modo de propuestas, sugiere que la INSTITUCION DE ELITE, debe recaer en la UNIDAD DE FLAGRANCIA DELICTIVA, institución que integra en un solo ambiente a los tres operadores de justicia, Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial, incluso la Defensa Pública, cuya presencia y atención inmediata permite emitir sentencias en setenta y dos horas. Si bien las competencias de la Unidad de Flagrancia se encuentran definidas; sin embargo, ante la necesidad y el clamor de las víctimas, es posible ampliar las competencias a los delitos de sicariato, extorsión, banda organizada y delitos conexos a esta modalidad delictiva, por un periodo específico.

Téngase en cuenta que la Unidad de Flagrancia, actualmente viene operando en todos los distritos judiciales de Lima y Callao y gran parte del país, que cuenta con Juzgados de Investigación Preparatoria, Juzgados Penal Unipersonal y Colegiados Conformados. Recientemente se han integrado equipos de Fiscales Provinciales y Adjuntos, medicina legal, además del equipo policial como sucedió en la Corte Superior de Lima Este que funciona en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Como se puede observar, actualmente los operadores de justicia se encuentran operando en las Unidades de Flagrancia, no tendrían dificultad alguna para avocarse en los asuntos relacionado a la extorsión, sicariato y otros. Por tanto, no existiría la necesidad en buscar y designar nuevos equipos humanos, instalaciones, etc., que significaría demora en la respuesta que exige la población. De ser designada, la Unidad de Flagrancia como la institución de élite, tal vez sea necesario realizarse algunos ajustes, pero lo que si resulta necesario y de urgencia, es modificar la Ley N°32348 Ley que crea el Sistema Nacional de Justicia Especializada en Flagrancia Delictiva e Implementa las Unidades de Flagrancia Delictiva a Nivel Nacional, ampliando su competencia para tener la posibilidad de investigar, procesar y sancionar el delito de sicariato, extorsión, banda organizada y delitos conexos a esta modalidad criminal. Así como dotar de un equipo policial especializado para que trabaje de manera coordinada con los Fiscales, a la par con los Jueces de Investigación Preparatoria, de esta manera se expidan de manera inmediata las medidas limitativas de derechos que resulten necesarias y se formalicen los procesos por un período máximo de seis meses y los siguientes meses para la etapa de juzgamiento, de esta forma el proceso penal no debería superar el año.

A modo de conclusión, la Unidad de Flagrancia es la herramienta idónea que permite brindar una respuesta inmediata al flagelo de la extorsión y el sicariato promovido por grupos de delincuentes que deben ser sancionados oportunamente, esto es porque la Unidad de Flagrancia cuenta con infraestructura, al estar en un mismo inmueble Fiscalía, Policía Nacional y Poder Judicial, así como la defensa pública; además se cuenta con carceleta, salas de audiencias, medicina legal, encontrándose pendiente la instalación de otros laboratorios y la atención que se brinda es durante las 24 horas de todos los días de la semana; además, se cuenta con el recurso humano, porque dentro de la Unidad de Flagrancia se encuentran laborando los Jueces de Investigación Preparatoria, Jueces Unipersonales, Fiscales Provinciales y Adjuntos, así como el personal jurisdiccional y administrativo, como también se encuentra el equipo policial.

En consecuencia, la UNIDAD DE FLAGRANCIA reúne las condiciones para tener la calidad de INSTITUCION DE ELITE con capacidad de actuación inmediata, estando pendiente únicamente la ampliación de competencia en asuntos sustancial y procesal por un plazo determinado.