Por Roberto Rendón Vásquez.
La Junta de Fiscales Supremos el 23/03/2026 ha electo como Fiscal de la Nación para los próximos tres años (2026 al 2029) al Fiscal Supremo Titular Dr. Tomás Aladino Gálvez Villegas. Al jurar el cargo, como se ha hecho público en medios periodísticos, ha indicado que procesara la Reforma del Ministerio Público con cambios normativos y administrativos con el objeto de recuperar la legitimidad de esa Institución para “reforzar” la confianza de la ciudadanía en la “labor fiscal”. El Dr. Gálvez Villegas, que ha jurado el cargo en presencia de altas autoridades del país, ha indicado que se necesita mejorar el presupuesto del Ministerio Público, obviamente se entiende, para que esa Institución pueda cumplir sus obligaciones constitucionales y legales, así como que los fiscales cumplan sus deberes. Actualmente el Ministerio Público tiene 9.000 fiscales y en total sus servidores son 28.000.
La reforma y actualización del Ministerio Público no es la primera vez que se pide en el Perú. Muchos juristas, opinologos y ciudadanos han insistido solicitándolo públicamente y hasta reclaman que es necesario reformar y/o reorganizar el Ministerio Público.
La Constitución de 1993 establece que el Ministerio Público (MP) tiene la atribución de “Promover de oficio, o a petición de parte, la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho y representan a la sociedad en los procesos judiciales”. El MP es institución autónoma igual que el Poder Judicial, tiene unidad, exclusividad e independencia (Artículos 158° y 139°). Sus miembros, los magistrados fiscales de todos los niveles, deben ser profesionales abogados y se supone que han estudiado y conocen las normas legales que los rigen. Su mayor jerarquía es la Junta de Fiscales Supremos, presidida por el Fiscal de la Nación. El MP es titular de las acciones penales, la investigación de delitos y debe suponerse que garantiza la seguridad de todas las personas.
Muchos han expuesto que resultan inocultables los problemas institucionales y la virtual confrontación habida entre fiscales de máxima jerarquía, evidenciando un espectáculo de una imagen de desorden que no corresponde a un país que queremos construir con seriedad y estabilidad. Un grave problema es la elevada cantidad de procesos a cargo del Ministerio Público que no concluyen en sus investigaciones lo que genera la preocupación en nuestra sociedad (ciudadanía) debido a la acumulación de “procesos” y las reclamaciones por la dilación en el trámite de los procesos (expedientes) y el insólito actuar de los fiscales. A nivel nacional muchos casos demoran no meses, sino años “investigándose”, no obstante que la delincuencia – entre ellos los corruptos – no solo se ha incrementado terriblemente, sino que agobian a la población.
Ante tales hechos, algunos sectores han opinado públicamente que debe declararse en emergencia el Ministerio Público y reorganizarlo inmediatamente. Ello no solo por la “disputa” entre Fiscales Supremos y la Fiscalía de la Nación, sino por su falta de eficiencia en el combate a la delincuencia y la corrupción. Además, es inocultable que hay magistrados fiscales actúan polarizadamente.
Es imprescindible superar las graves deficiencias del Ministerio Público y revisar las normas legales que lo rigen, hasta su Ley Orgánica, y establecer otras disposiciones que obliguen a los fiscales a cumplir sus obligaciones – sobre todo las investigaciones delincuenciales – en plazos procesales no dilatados, normas que sean de cumplimiento obligatorio, respetando las facultades de investigación que legalmente tiene la Policía Nacional, con la que los fiscales deben coordinar acciones para combatir la criminalidad y que se procese judicialmente a los delincuentes detenidos por haber delinquido.
Corresponderá a los electos (abril del 2026) para los Poderes Legislativo y Ejecutivo – dentro de sus respectivas facultades – que, sin más dilaciones, respalden la perspectiva del nuevo Fiscal de la Nación Dr. Tomás Aladino Gálvez Villegas y establezcan legalmente la reorganización del Ministerio Público y promulguen nuevas normas legales que rijan al Ministerio Público.
Ante de concluir esta opinión, es imprescindible señalar que el Fiscal Supremo titular Tomás Aladino Gálvez Villegas es egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos donde ha obtenido sus títulos de abogado, Magister y Doctor en Derecho. Ha sido docente calificado en Post Grado. Por ende, tiene una formación profesional idónea. ¡Debe apoyársele en sus propuestas de reorganizar el Ministerio Público!
