Ha pasado casi un mes desde que se dieron las elecciones para escoger a las nuevas autoridades en Poder Ejecutivo y Legislativo y hasta ahora no tenemos resultados oficiales de quien ocupa el segundo lugar para pasar a segunda vuelta, segunda vuelta que se celebrará el domingo 7 de junio.
Los problemas para dar el resultado electoral se dieron antes del domingo 12 de abril, con el traslado del material electoral a distritos como San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacamac, lugares que se encuentran dentro del ámbito de Lima Metropolitana por lo que el argumento de las 900 mil actas, que se ampara en la Ley 28440 no tiene sustento ya que la norma esta diseñada para elecciones municipales y rurales.
Ahora la pregunta es deben de declararse nulas las elecciones, según el constitucionalista Fernán Altuve-Febres el artículo 31 de nuestra Carta Magna señala que todo acto destinado a limitar el voto es nulo y punible, subrayando que “hay una nulidad constitucional que se tiene que aplicar y no se pueden imponer criterios de selección a partir de todos los vicios existentes”.
De tal manera que, si retrocedemos al domingo 12 de abril la mayoría de mesas de votación no estaban abiertas a las 7 de la mañana, como bien lo indicaba el Jurado Nacional Elecciones a ello hay que sumarle todas las fallas técnicas que la Oficina Nacional de Procesos Electorales, no supo prevenir, ni corregir dejando la culpa al sistema conocido como Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE).
La pregunta que muchos se hacen es que si la responsabilidad es del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) o de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ¿es que acaso decir fraude suena muy fuerte ante las fallas técnicas y logísticas?.
La pregunta que la ciudadanía se hace es qué pasó con las instituciones como el JNE y la ONPE que deben de salvaguardar la voluntad popular, siguieron adelante con un proceso electoral viciado y donde a manera de vergüenza el material electoral fue trasladado en taxis por aplicativo y lo que es más vergonzoso, es cómo puede ser posible que días después de las elecciones se encontrara material electoral en las calles del distrito de Surquillo, tal cual como si fuese basura listo para ser reciclada.
¿Es qué acaso no hay instituciones electorales que fiscalicen lo sucedido el domingo 12 de abril?, tal vez y en nombre de la legitimidad y transparencia no sería mejor declarar nulas las elecciones como señala el jurista Fernán Altuve-Febres, basándose en la Constitución.
Ahora y haciendo un punto aparte, debemos de referirnos a Rafael López Aliaga, quien con errores emocionales se ha quedado solo, para defender el voto ciudadano, pero es un “llanero solitario” quien vestido de celeste está en las calles haciendo respetar el derecho al voto transparente de más de 27 millones de peruanos, tanto en territorio nacional como en el extranjero.
La pregunta ahora es si los peruanos nos merecemos el maltrato del JNE y la ONPE, para dar resultados que no sean cuestionados por la opinión pública, para que el Gobierno y el próximo Congreso tengan legitimidad ante la ciudadanía que paga impuestos, que trabaja de manera formal o informal, así como que también vive las primeras brisas de frío de un otoño electoral.
