Autora: Silvana Pareja
Durante años, el Perú fue presentado como una de las economías más estables de América Latina. Control de la inflación, disciplina fiscal y crecimiento se convirtieron en parte del discurso nacional. Sin embargo, basta observar la experiencia cotidiana del ciudadano para encontrar una paradoja difícil de justificar: la estabilidad económica no produjo, con la misma intensidad, un Estado capaz de brindar servicios públicos eficientes.
El problema no es menor. Un país puede crecer y, al mismo tiempo, mantener hospitales saturados, colegios con aprendizajes insuficientes, comisarías sin recursos y ciudades donde desplazarse algunas horas al día parece normal. Cuando eso ocurre durante décadas, la discusión deja de ser únicamente presupuestal y pasa a ser institucional.
El Perú necesita comenzar a preguntarse no cuánto gasta el Estado, sino cuánto bienestar obtiene por cada sol que gasta.
Esta distinción es fundamental. En 2024, la inversión pública peruana representó aproximadamente el 5,2% del PBI, una cifra incluso superior al promedio cercano al 3,5% de las economías desarrolladas. El contraste demuestra que invertir más no garantiza necesariamente mejores servicios. Entre asignar presupuesto, ejecutarlo y convertirlo en resultados existe una enorme distancia.
Por ello, una primera reforma debería modificar la manera en que evaluamos la gestión pública. Alcanzar el 100% de ejecución presupuestal puede ser administrativamente satisfactorio, pero socialmente irrelevante si una obra permanece inconclusa o un servicio continúa funcionando mal.
Un hospital debería ser evaluado también por cuánto demora un paciente en conseguir una cita, una municipalidad por la calidad de sus servicios, una comisaría por su capacidad de respuesta y un colegio por cuánto aprenden realmente sus estudiantes. El Estado debe pasar de una cultura de ejecución a una cultura de productividad pública.
La segunda transformación consiste en concentrar esfuerzos. El Perú distribuye recursos entre miles de proyectos mientras conserva brechas elementales. Agua potable, saneamiento, seguridad, primera infancia, atención primaria, infraestructura educativa y conectividad deberían constituir prioridades nacionales protegidas de la dispersión política.
También debemos reconocer una realidad incómoda: no todas las instituciones públicas poseen la misma capacidad para gastar bien. Exigirle a una pequeña municipalidad que formule y ejecute proyectos complejos bajo prácticamente las mismas reglas que una entidad con equipos especializados termina produciendo expedientes deficientes, retrasos y obras paralizadas. El Estado necesita cuerpos técnicos permanentes capaces de asistir territorialmente en proyectos estratégicos, independientemente del gobierno de turno.
Existe, además, una cuestión de legitimidad. La presión tributaria peruana sigue siendo baja frente a economías más desarrolladas y será necesario combatir evasión, informalidad y ampliar progresivamente la base tributaria. Pero pedirle más al ciudadano exige demostrar primero que el Estado puede administrar mejor lo que ya recibe.
Para ello necesitamos transparencia comprensible. Cada peruano debería poder conocer cuánto cuesta mantener un colegio, hospital, comisaría o municipalidad y qué resultados produce. Comparar instituciones semejantes permitiría identificar quién utiliza eficientemente los recursos y quién debe explicar por qué obtiene menos haciendo un gasto similar.
La discusión sobre el futuro del Estado peruano no debería reducirse a elegir entre gastar más o gastar menos. La pregunta correcta es mucho más exigente: ¿cómo conseguimos que cada sol produzca más?
Porque el éxito de un Estado no se mide por el tamaño de su presupuesto, sino por su capacidad para convertirlo en seguridad, educación, salud, infraestructura y oportunidades. Después de décadas de estabilidad económica, esa debería ser la siguiente gran reforma peruana.
