Un escudo, pero bajo nuestras reglas

Silvana Pareja

La historia de las relaciones internacionales está llena de alianzas construidas frente a amenazas comunes. Pero también está llena de una pregunta que ningún Estado puede darse el lujo de ignorar: ¿hasta dónde cooperar con una potencia sin comprometer la capacidad de decidir por cuenta propia?

Esa pregunta vuelve a aparecer en el Perú con su incorporación al denominado Escudo de las Américas, iniciativa promovida por Estados Unidos para coordinar esfuerzos frente al crimen organizado transnacional. El Gobierno peruano ha señalado que esta cooperación permitirá fortalecer las fronteras y acceder a apoyo logístico, operativo, de inteligencia y ciberseguridad.

El punto de partida es difícil de discutir: el crimen organizado ya no funciona dentro de las fronteras de un solo país. Las redes dedicadas al narcotráfico, la trata de personas, el lavado de activos y otras actividades ilícitas aprovechan precisamente las fronteras que los Estados todavía administran de manera fragmentada. El dinero circula por distintos sistemas financieros, las organizaciones trasladan sus operaciones de un territorio a otro y la información que necesita una investigación puede encontrarse al otro lado de una frontera.

Frente a esa realidad, la cooperación internacional no es una concesión. Es una necesidad.

Compartir inteligencia, mejorar los mecanismos de control fronterizo, rastrear activos, intercambiar información y coordinar esfuerzos puede ampliar considerablemente las capacidades de un Estado. El propio Gobierno peruano ha presentado la incorporación al Escudo como una herramienta para obtener información con mayor rapidez y enfrentar organizaciones que operan de manera transnacional.

Pero precisamente porque la cooperación puede ser necesaria, debe estar acompañada de reglas claras.

El verdadero debate peruano no debería reducirse a estar a favor o en contra de Estados Unidos. La discusión más importante es otra: ¿bajo qué condiciones participa el Perú?

Todavía hay aspectos que merecen ser explicados con precisión. ¿Qué compromisos concretos asumirá nuestro país? ¿Qué información podrá intercambiarse y bajo qué protocolos? ¿Qué instituciones peruanas tendrán la responsabilidad de autorizar y supervisar las operaciones? ¿Qué ocurrirá si una operación conjunta involucra territorio peruano? ¿Existirá participación de personal extranjero y bajo qué marco jurídico?

Estas no son preguntas destinadas a debilitar una alianza. Por el contrario, son las preguntas que debería formular un Estado que conoce el valor de su soberanía.

La propia presidenta Keiko Fujimori ha señalado que el Perú actuará dentro de las facultades que le otorgan la ley y la Constitución. Esa afirmación debe convertirse en el principio rector de cualquier implementación concreta de la iniciativa.

Porque la cooperación internacional tiene límites jurídicos. Y cuando una decisión compromete materias vinculadas con defensa, obligaciones internacionales, ingreso de tropas extranjeras u otras competencias reservadas constitucionalmente, corresponde observar los procedimientos establecidos por nuestro ordenamiento.

Tampoco debemos caer en una falsa disyuntiva entre transparencia y seguridad. Las operaciones de inteligencia requieren reserva. Proteger fuentes, métodos y estrategias es indispensable. Pero esa reserva no puede convertirse en una razón para que el país desconozca los compromisos que está adquiriendo en su nombre.

El éxito del Escudo de las Américas, por tanto, no debería medirse por la cantidad de reuniones diplomáticas ni por la fotografía de sus líderes. Deberá observarse en resultados concretos: cooperación que permita desarticular organizaciones criminales, investigaciones que avancen gracias al intercambio de información, recuperación de activos ilícitos y mayor capacidad para controlar nuestras fronteras.

Y hay algo más importante todavía: ninguna alianza internacional puede sustituir al Estado peruano.

Podemos recibir inteligencia, tecnología, capacitación y apoyo operativo. Pero seguiremos necesitando una Policía con capacidad de investigación, una Fiscalía capaz de perseguir estructuras criminales complejas, un sistema penitenciario que no sea utilizado como plataforma de coordinación del delito y un Poder Judicial capaz de responder con eficacia dentro de la ley.

El Perú no tiene que elegir entre cooperación internacional y soberanía. Puede ejercer ambas.

La soberanía del siglo XXI no consiste en cerrar las puertas y enfrentar solos amenazas que, por definición, son transnacionales. Consiste en tener la capacidad de sentarse con otros Estados, construir alianzas y defender intereses comunes sin renunciar a la facultad de tomar decisiones propias.

El Escudo de las Américas puede ser una herramienta de cooperación. Pero para que sea verdaderamente peruano, deberá funcionar bajo nuestras leyes, con nuestras instituciones y con límites claramente establecidos.

Un escudo debe proteger al Estado. Nunca sustituirlo.