La verdad y la transparencia deben prevalecer por la salud de la democracia

Ante las graves irregularidades en el proceso electoral, que los peruanos hemos podido constatar desde el 12 de abril, es decir, desde el mismo día del sufragio, los gremios firmantes emitimos el siguiente pronunciamiento:

1.- Reiteramos la necesidad de realizar una auditoría de los sistemas y procesos informáticos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a fin de que la ciudadanía conozca si dichas irregularidades responden a deficiencias operativas o a una eventual manipulación deliberada, lo cual constituiría un fraude y un ilícito penal.

Esta auditoría debe emitir su dictamen antes de la proclamación de los resultados presidenciales de la primera vuelta. Asimismo, para garantizar su idoneidad e imparcialidad, deberá ser realizada por una empresa de reconocido prestigio internacional.

2.- De igual manera, reiteramos la importancia de que el jefe interino de la ONPE, así como el entorno del anterior titular de esa institución sean separados de sus cargos, pues son en gran medida responsables de las irregularidades cometidas. La permanencia de estos funcionarios no genera confianza en la ciudadanía, por lo que no deben conducir el proceso de la segunda vuelta electoral.

3.- Finalmente, con el propósito de evitar cualquier riesgo de manipulación externa de los votos, proponemos que la logística vinculada al traslado de las ánforas hacia los locales de votación, así como a los almacenes de resguardo, sea asumida por personal de las Fuerzas Armadas del Perú.