Punto de Encuentro

Los delitos de “moda” en el Estado de emergencia nacional

Si antes de la vigencia del Estado de Emergencia Nacional, teníamos a los delitos patrimoniales, como uno de los delitos frecuentes. El día de hoy, el panorama delictivo, ha sufrido un interesante cambio.

Con fecha 15 de marzo de 2020, el Poder Ejecutivo mediante Decreto Supremo N°044-2020-PCM, declaro Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, por un periodo de 15 días calendarios, disponiéndose el aislamiento social obligatorio, así como la suspensión del ejercicio de Derechos Constitucionales y las limitaciones al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito y para su cumplimiento se ha designado a la Policía Nacional con el apoyo de las fuerzas armadas, quienes tienen facultades para practicar verificaciones e intervenciones de las personas, bienes, vehículos, locales y establecimientos que sean necesarios para comprobar y, en su caso, impedir que se lleven a cabo los servicios y actividades no permitidas.

Asimismo, las instituciones mencionadas están facultadas para ejercer el control respecto de la limitación del ejercicio de la libertad de tránsito a nivel nacional de las personas en diversos medios de transporte, tales como vehículos particulares, transporte público, medios acuáticos, entre otros. Por otro lado, con fecha 18 de marzo de 2020, mediante Decreto Supremo N°046-2020-PCM, se dispuso limitación al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito de las personas, disponiéndose la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios desde las 20:00 horas hasta las 5:00 horas del día siguiente, como también queda prohibido el uso de vehículos particulares, para su cumplimiento se faculta a la Policía Nacional y/o las Fuerzas Armadas.

Estas disposiciones normativas por parte del Poder Ejecutivo, tiene una finalidad, evitar la propagación del nuevo coronavirus COVID-19, más aún cuando los síntomas del virus se pueden manifestar durante los 14 días desde el momento del contagio; por tanto, ante su incumplimiento por parte de la ciudadanía, es posible que estemos frente al delito de Violación de medidas sanitarias, contemplado en el artículo 292° del Código Penal, “El que viola las medidas impuestas por la Ley o por la autoridad para la introducción al país o la propagación de una enfermedad o epidemia o de una epizootia o plaga será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de seis meses ni mayor de tres años y con noventa a ciento ochenta días-multa”.

Como también es muy 2 probable que por la dación de del Decreto Supremo N°044-2020-PCM y el Decreto Supremo N°046-2020-PCM, existan ciudadanos que desobedezcan y se resistan a cumplir con las disposiciones del gobierno central, con el cual se estaría configurando la siguiente conducta típica, delito de Resistencia o desobediencia a la autoridad, consagrada en el artículo 368° del Código Penal, “El que desobedece o resiste la orden legalmente impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones, salvo que se trate de la propia detención, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis meses ni mayor de dos años”.

En cuanto a estas dos conductas delictivas, su intervención por obvias razones se realiza en flagrancia, por tanto el Ministerio Público tiene 48 horas para realizar las investigaciones preliminares y antes de su vencimiento debe poner a disposición del intervenido(a) y formalizar la investigación ante órgano jurisdiccional, como proceso inmediato, quien dentro de las 48 horas el Juez debe desarrollar la audiencia de incoación de proceso inmediato, con presencia del Fiscal, investigado, defensa particular o necesaria, representante de la procuraduría competente. Al culminar la audiencia, el Juez dispone la libertad del procesado, (de corresponder).

Sin embargo, ante el escenario particular que nos encontramos a nivel nacional, las reglas del proceso inmediato tienen una pequeña “modificación”, porque el Fiscal a cargo, solo en casos graves o de urgencia, debe de cumplir con el procedimiento anteriormente mencionado, caso contrario, cuando son intervenidas las personas en flagrancia por parte de la Policía Nacional, (las fuerzas armadas apoyan a la PNP), comunican al Ministerio Público y es quien dispone su libertad, quedando pendiente el desarrollo de las investigaciones preliminares y posterior formalización de la Investigación, de corresponder.

Cabe señalar, que las investigaciones preliminares, no solo se realizaran por intervención en flagrancia, también se realizará respecto de aquellos casos que se conozca posteriormente (medios de comunicación, videos proporcionados por particulares, Municipios, PNP, etc); siendo una primera tarea identificar plenamente a la persona, así como recabar los elementos de convicción. En esta tarea, cumple importante rol la Procuraduría Pública del 3 Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior, en armonía con el Ministerio Público. La particularidad de estos dos delitos, es el incremento y el número de casos que vienen e irán incrementándose, hasta que culmine el Estado de Emergencia, que será en una fecha próxima, siempre y cuando no se prorrogue.

Lo que llama nos llama la atención de estos delitos de “moda”, es el gran número de casos que se avecinan y de ser cierto el número de intervenciones que viene comunicando la PNP, que ascendería a 16,000 intervenciones personales aproximadamente, desde ya significa un incremento en la carga procesal de cada uno de los operadores de justicia. Por ejemplo, los procedimientos se inician desde la intervención policial, para luego pasar a una delegación policial, transitar al Ministerio Público y culminar en el Poder Judicial, encargándose de su ejecución el INPE. Todo este despliegue, ubica en dinámica particular al Sistema de Justicia Penal. Respecto a la sobrecarga procesal, en la Policía Nacional se manifiesta por la confección de un gran número de actas, declaraciones indagatorias, Informes Policiales (Atestado Policial), oficios, diligencias, etc.

En el Ministerio Público, se incrementa el despliegue de Fiscales a las dependencias policiales, desarrollo de diversas diligencias, de ser necesario realizar actos de investigación, redacción de Disposiciones y/o Requerimientos, notificaciones, concurrencia a audiencias, supervisar la ejecución de sentencia, entre otras; En el Poder Judicial, se invertirá mayor tiempo en la redacción de resoluciones por parte de los Especialistas de Causa, realizar notificaciones, desarrollo de audiencias, confección de actas de audiencia por parte del Especialista de Audiencias, confección de oficios, etc., labor que se duplica en el Poder Judicial, porque intervienen dos órganos jurisdiccionales, Juzgado de Investigación Preparatoria y Juzgado Unipersonal.

En ese sentido, si nos encontramos recién en el décimo día de haberse iniciado la “cuarentena” y existiendo un aproximado de 16,000 intervenidos y considerando que se prolongue la “cuarentena”, el número de intervenidos podría superar los veinte mil. Ahora de ese 100% de intervenidos, no logrará 4 arribar al órgano jurisdiccional tal porcentaje, por su calificación (archivados) y solución rápida (principio de oportunidad) que pueda promover el investigado o el Ministerio Público, es probable que solo un 50% de los intervenidos arribe a un proceso penal. Pero toda esta actividad, es una sobrecarga que debe cumplir cualquiera de los operadores de justicia, considerando la oportunidad y competencia.

En este orden de ideas, para que estos procesos penales no incremente, a la existente carga procesal, tanto en el Ministerio Público y el Poder Judicial, sería prudente tomar como referencia, la incubación del Covid-19 que dura aproximadamente 14 días, en ese mismo periodo, debe durar los procesos de Violación de medidas sanitarias y Resistencia o desobediencia a la autoridad, así como demás delitos cuya conducta haya contravenido y exteriorizado durante la vigencia de los Decretos Supremos antes mencionados, para tal efecto, debe de disponerse una mínima modificatoria al Código Procesal Penal (procesos inmediatos), disponiéndose que los Juzgados de Investigación Preparatoria, tengan competencia excepcional para sancionar únicamente en los delitos de “moda” (Violación de medidas sanitarias y Resistencia o desobediencia a la autoridad), la misma que puede realizarse en la audiencia única de incoación del proceso inmediato, evitando con ello, que tanto fiscales y jueces vuelvan a mirarse la cara en una segunda audiencia judicial (audiencia única de juicio inmediato), para tratar el mismo asunto. Michael García Coronel Abogado experto en temas de Criminalidad Organizada.