Punto de Encuentro

Se impone una nueva reforma tributaria

Hay consenso en el Ejecutivo y en la oposición para tomar decisiones de urgencia ante el cuarto año consecutivo de la debacle de Sunat. El ente recaudador debe ser autónomo, como el BCR.

A comienzo de la década de los años 90 del siglo pasado un grupo de expertos tributaristas –Manuel Estela, Luis Arias Minaya, César Peñaranda y Manuel Romero Caro–, con el apoyo del ministro de Economía de entonces, Carlos Boloña, el diputado Dennis Falvy y economistas del Banco Central de Reserva, sentaron las bases de la última reforma tributaria duradera que dio lugar a lo que se llamó “la nueva Sunat”.

Ese trabajo de refundación tuvo continuidad con el equipo de Jorge Camet en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que completó la faena recaudadora cuando el Perú se reinsertó en la comunidad financiera internacional después del desastre inflacionario de la primera administración aprista (1985-1990).

La reforma económica de 1992 tuvo entonces ese soporte clave para el gran viraje económico liberal que corrigió la sumatoria de desmadres de gobiernos y administraciones anteriores en materia de política tributaria.

Pero las distorsiones empezaron con el mismo gobierno que había dado forma a “la nueva Sunat”, el de Alberto Fujimori, con el llamado “RUC sensible” o la bajada de guardia a raíz de los 12,000 millones de dólares obtenidos por las privatizaciones en el primer fujimorismo (1990-1995).

La reforma fue decayendo con el incremento de las exenciones o exoneraciones, luego los contratos de estabilidad jurídica y las devoluciones del IGV (Impuesto General a las Ventas), medidas que mantuvieron y ahondaron los gobiernos posteriores, hasta que la crisis tributaria llegó con toda su crudeza en el gobierno nacionalista del presidente Ollanta Humala (2011-2016).

Nos referimos al reinado en Sunat de la prima de Nadine Heredia, Tania Quispe, con toda su carga de irresponsabilidad, sobredimensionamiento de personal inexperto y burocracia dorada –por ejemplo, con nuevas superintendencias adjuntas– y una política tributaria persecutoria que se vive en toda su crudeza en estos días con la consecuente caída de la recaudación fiscal.

Ahora se sabe que a partir de 2014 los nacionalistas eliminaron los indicadores de presión tributaria y las metas de recaudación en circunstancias económicas aún no recesivas. Y es cuando la presión tributaria cayó de 14.7 % del PBI en el 2015 a 13.6 % en 2016, información que fue ocultada porque los citados indicadores o ratios habían sido eliminados del Plan Operativo Institucional (POI) de Sunat.

Claro que la opinión pública y los mismos servidores de Sunat pensaron que con el nuevo gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) cambiaría el nuevo desmadre. Craso error. PPK y su equipo plantearon con fuerza bajar el IGV al 15 %, en la idea de formalizar la economía, la fuerza laboral y por ende los tributos, pero nada de eso pasó.

Entretanto, por el ingreso desmedido de personal en toda la administración pública bajo el gobierno de Humala Tasso, sobre todo en Sunat, el rubro de gastos corrientes (sueldos y salarios) creció tremendamente en el aparato estatal y el fantasma del déficit fiscal nuevamente se hizo presente en las cuentas nacionales. (Ver recuadro).

Y como en las nuevas circunstancias no funcionaba la elevación de la recaudación tributaria, ni se hizo nada por un ajuste sustantivo del gasto público al inicio del gobierno de Peruanos por el Kambio (PpK), obvio que se continuó –con creces– con la emisión de bonos soberanos, pero para tapar con deuda externa el déficit fiscal y los sueldos y salarios de la empleocracia pública.

En eso estamos. La otra alternativa del “gobierno de lujo” fue monetizar –o usar la ‘maquinita’– de lo que queda del Fondo de Estabilización Fiscal (FEF) y también meter mano a las Reservas Internacionales, esto en vista de la lentitud de los procesos judiciales del caso Lava Jato y la falta de voluntad política que no permiten cobrar la indemnización que deberían pagar al Estado Odebrecht y sus consorciadas y las otras constructoras brasileñas.

Tampoco pueden recuperar alrededor de 100,000 millones de soles que Sunat reclama en la vía judicial o del tribunal fiscal de parte de varias empresas que tiene procesos en giro, cifra que para los expertos está sobredimensionada por los altos intereses que acumulan y el tiempo que duran los juicios.

POR CUARTO AÑO…

Si el MEF cerró el ejercicio 2017 con un déficit fiscal de 3.2 % del PBI, cifra inaudita, y el Ejecutivo tiene la meta de reducirlo a 1 % para el 2021, es obvio que tal objetivo será imposible de alcanzar  con la actual recaudación.

Según las propias cifras de Sunat, a noviembre del año pasado los ingresos y contribuciones sumaron apenas 97,378 millones de soles. Pero si restamos las devoluciones de 16,423 millones de soles, la recaudación neta es de apenas 80,955 millones.

Es más, al concluir el 2017 la situación se agravó, al extremo que por cuarto año consecutivo la recaudación tributaria cayó, en este caso a 12.9 % del PBI, lo que en cifras son 90,706 millones de soles, 1,331 millones menos que el año anterior. Dicho de otra forma, una caída de ingresos de 1.3 %.

Aunque el oficialismo le eche la culpa a los efectos del El Niño costero, al caso Lava Jato y al nuevo régimen del Impuesto a la Renta para las Mypes, los resultados son los que hablan de la nueva gestión del actual superintendente Víctor Shiguiyama.

LA MÁS BAJA

En la misma Sunat se piensa que ese 12.9 % al cierre de 2017 es “la más baja de Latinoamérica y solo comparada históricamente a la presión tributaria de 1993 y a la del 2002, ambas situaciones explicadas porque estábamos saliendo de una profunda crisis económica y política, factor que no existe en la coyuntura actual”, afirman en un comunicado sindical.

De otra parte, también se han esfumado las esperanzas en la amnistía de capitales provenientes del exterior que no logró recaudar ni el 10 % de lo proyectado por el Gobierno, que lo calculaba en 5,000 millones de dólares, pero el recaudo solo fue de 1,136 millones de soles.

La política tributaria es entonces un desastre, como ya se ha señalado en forma reiterada en la comunidad académica. Esta radiografía se agrava porque la actual estructura tributaria se basa en el Impuesto a la Renta (IR) y el IGV.

Con relación a la evasión del IGV, el mismo Shiguiyama afirma que llegó a 35.9 % en el 2016, creciendo en tres puntos porcentuales frente al año 2012, según Semana Económica. Y sobre el IR el superintendente añade que es más grave porque se acerca al 50 %, lo que implica una cifra cercana a “S/ 35,000 millones no recaudados”.

CONSENSO Y AUTONOMÍA

La necesidad de una nueva reforma tributaria es entonces un consenso del Ejecutivo, del Legislativo y de la comunidad académica. Para Claudia Cooper, el objetivo es –a partir de la Sunat– ampliar la base tributaria, racionalizar las exoneraciones y simplificar los regímenes tributarios.

Víctor Shiguiyama incluso le pone fecha –en marzo de 2018– para empezar el debate en la Comisión de Economía del Congreso que preside Guido Lombardi (PpK).

Para finalizar, cabe un interrogante: ¿no es la Sunat y por ende la política tributaria tan importante que esta entidad debiera ser tratada al mismo nivel que el BCR del Perú, vale decir con autonomía total y su propia ley orgánica? Ha llegado la hora de tomar decisiones de largo plazo, reflexionan los especialistas.

BACA CAMPODÓNICO:

Reducir impuestos directos

El economista Jorge Baca Campodónico sostiene que expertos del FMI han concluido que incrementando los impuestos indirectos y reduciendo los impuestos directos se aumenta el crecimiento del PBI en el mediano y largo plazo.

Baca agrega que es necesario redefinir los objetivos de una reforma tributaria en el sentido de que lo prioritario debe ser la creación de trabajo formal.

El también exjefe de la Sunat pone como ejemplo la reducción del impuesto a la renta empresarial de 31% a 21% en Estados Unidos y la anunciada reducción de 30 % a 15 % en Inglaterra, que “son reformas tributarias que apuntan en la dirección de generar mayor empleo formal a través de la reducción de impuestos directos”.

¿Cómo funcionaría este mecanismo?, se interroga el especialista. “Los sobrecostos laborales (contribución previsional, seguro de salud, gastos de educación, entrenamiento, etc.) efectivamente pagados durante un año pasarían a constituir un crédito tributario a utilizar contra el impuesto a la renta empresarial a ser pagado con la regularización del impuesto del mes de marzo de cada año”.

Sin embargo, acota en EXPRESO, “no puede ser aplicado en forma aislada. Tiene que incluir la reforma del sistema previsional y de salud”.

“Gobierno ahuyenta al contribuyente”

El déficit fiscal, que es la diferencia entre ingresos y gastos del Gobierno Central, llegó a 3.2 % del PBI en el 2017, según información ya divulgada por el  Banco Central de Reserva (BCR).

Esta cifra récord es mayor al 3 % proyectado por los técnicos del MEF y solo es superada por el 3.4 % de déficit del año 2000.

Según las proyecciones del Gobierno, este año el déficit subirá al 3.5 % y se proyecta bajarlo al 1 % en el Bicentenario (2021).

El economista Germán Lench afirma que este déficit es consecuencia de la falta de una política tributaria del Gobierno que “insiste en cobrar más y más a los que siempre pagan”.

“Se tiene que reestructurar la Sunat y el mismo presupuesto público para que la gente vea, en forma transparente, en qué se va gastar, de lo contrario nadie va a querer pagar impuestos porque siente que le roban su plata. El Gobierno ahuyenta al contribuyente. Esto hay que cambiar ya”, afirma el también economista.

Aráoz insiste en reformas

La premier Mercedes Aráoz insistió en avanzar con algunas reformas económicas, como el aumento de la recaudación de impuestos, “hasta con un Congreso muy fragmentado”. Lo dijo este viernes en una entrevista en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, que recoge Bloomberg. Pero la crisis política –que pone en debate la permanencia del presidente Pedro Pablo Kuczysnki– ha dividido los pronósticos sobre el crecimiento para el 2018 de 3.9 % a 3.5 %, según el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, aunque el FMI subió su estimación del 3.8 % a 4 %.

PLINIO ESQUINARILA

(Fuente www.expreso.com.pe)