El narcotráfico en la política

Empieza la contienda electoral que nos conducirá al relevo democrático de la Presidencia de la República y del Congreso, y en verdad todos aspiramos a que sea un proceso transparente, de manera tal que las malas artes, la conducta delictiva, y sobretodo el narcotráfico no lo contamine con financiamientos oscuros ni con la presencia de testaferros que luego en el poder tendrán que pagar los favores recibidos.

No nos engañemos, es una verdad de perogrullo que el crimen organizado transnacional, con su punta de lanza el narcotráfico, necesita cuotas importantes de control político para facilitar la cadena de actividades criminales que les permite reditúar ingentes cantidades de dinero mal habido, y para ello invierte fuertes sumas para corromper y comprar conciencias.

No debemos olvidar que nuestra triple condición de país productor, comercializador y consumidor de drogas ilícitas nos convierte altamente vulnerables ante el incesante accionar de los narcotraficantes que dedican tiempo y recursos para auspiciar atractivas candidaturas con propuestas populistas de fácil aceptación ciudadana, que gracias a las contundentes campañas publicitarias –dinero es lo que menos falta-, tienen mayores posibilidades de salir elegidos.

La amenaza del narcotráfico para penetrar en la política está allí, alerta ante el menor descuido para hacerse del poder a través de candidatos sin escrúpulos; amenaza latente que nos debe hacer reaccionar y en consenso –autoridades electorales, partidos políticos y ciudadanía-  adoptar las medidas que se contrapongan firmemente a los nefastos propósitos de aquellos.

Una medida que es necesario reactualizar es el Pacto Ético contra el narcotráfico que promovió la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas –DEVIDA- el año 2009, destinado a que los partidos políticos se comprometan a evitar el financiamiento de sus campañas con dinero ilícito y adopten rigurosos procedimientos de selección de sus candidatos.

En dicha oportunidad fueron 17 los partidos y movimientos políticos que suscribieron el referido pacto,  “comprometiéndose a promover y desarrollar una competencia transparente, impidiendo la intervención del narcotráfico en sus actividades y decisiones, y a establecer rigurosos procedimientos de selección de sus candidatos, así como mecanismos para evitar incluir a personas que hayan sido sentenciadas o estén siendo investigadas por delitos de tráfico ilícito de drogas”. 

Esta es una nueva y necesaria oportunidad para que los líderes y representantes de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos realicen todos los esfuerzos para cumplir con el compromiso suscrito, y a la vez las autoridades electorales faciliten todos los medios que hagan posible la identificación, detección y apartamiento definitivo de la lid electoral de aquellos candidatos comprometidos en actividades ilícitas relacionadas con el crimen organizado, y muy especialmente con el narcotráfico.

En estos últimos días hemos observado que líderes y voceros de importantes partidos políticos han intercambiado mutuas acusaciones de tener vinculaciones con el narcotráfico, tratando de descalificarse de manera recíproca ante la opinión pública, y pretendiendo explicar determinadas conductas y antecedentes con la lógica perversa de “nosotros tuvimos menos vínculos con el narcotráfico”.

No se trata de más o de menos relación con este delito; es necesario que la clase política haga un deslinde frontal con estas prácticas impropias de financiar candidaturas con dinero ilegal o de aceptar en sus filas a personas con antecedentes relacionadas con las drogas.

Más allá de lo que la normativa electoral establece respecto a la participación en política para todos los ciudadanos, existe una irrenunciable obligación de los partidos y movimientos políticos en activar todos sus censores y alertas tempranas para detectar candidaturas sospechosas y dineros mal habidos.

Si pese a ello se insiste en apoyar a estos candidatos y hacerse de la vista gorda ante sus financiamientos, seremos los primeros en promover y alentar el derecho ciudadano a conocer y denunciar esta mala práctica partidaria que tanto daño ha causado a la política nacional.

Desde ya la ciudadanía debe tomar conciencia de la necesidad de hacer profilaxis en la política denunciando y poniendo en evidencia aquellas candidaturas que a todas luces se sabe que se financia con dineros ilícitos, y para ello consideramos que las redes sociales deberán cobrar protagonismo en esta gran cruzada para que la ética se impregne en la política.

Impedir que el narcotráfico penetre en la política es una obligación moral y sobretodo es una exigencia y compromiso con el futuro del país. No hacerlo, ahora, sin dilaciones y con firmeza, nos convierte en cómplices y testigos de nuestra propia destrucción.