Hay que guardar las formas

Los procesos de entrega/recepción de delincuentes requisitoriados y que son detenidos en otros países se ciñen a formalidades preestablecidas, en las que determinadas autoridades y funcionarios de los países involucrados poseen facultades y tienen responsabilidades funcionales que obligan a su presencia por la necesidad de garantizar la integridad física del detenido y para la suscripción de la correspondiente documentación.

Si es así, la intervención de autoridades y funcionarios que no tienen responsabilidad directa en estos procedimientos administrativos/judiciales deviene en innecesaria –y la mayor de las veces- en cuestionable, debido a que con su presencia revisten dichos actos de un cariz político que no corresponde y contribuyen a distorsionar los hechos ante una opinión pública muy sensibilizada frente a los aparentes excesos del poder, brindando a la vez mayor importancia de la debida a dichos personajes reclamados por la justicia.

De un tiempo a esta parte somos testigos –en vivo y en directo- de la parafernalia que rodea la entrega del fugitivo, del impresionante despliegue de seguridad centrado casi en exclusiva en el requisitoriado, y la febril actividad de la prensa ávida en conocer y transmitir hasta los mínimos detalles del suceso, participando de arriesgadas persecuciones vehiculares y tratando en vano de lograr las primeras impresiones y confesiones de culpabilidad de dicho personaje.

La presencia de autoridades y funcionarios de mayor jerarquía resulta atentatorio a la dignidad del cargo que ostenta cada uno de ellos, porque se ven expuestos a que la multitud los zarandee, a que la prensa los acose con interrogatorios incómodos, y que terminen formando parte de la comparsa del personaje central de la noticia: el delincuente extraditado o expulsado. 

Si revisamos los casos más recientes de personas reclamadas por la justicia peruana y que fueron detenidos en diversos países, podemos verificar que las comitivas oficiales designadas por el gobierno para recibir y trasladar a estas personas han tenido una composición variopinta.

El ex presidente Alberto Fujimori fue extraditado al país en un avión de la Policía Nacional y su traslado estuvo a cargo del director general de la PNP, junto a cuatro coroneles, un médico y dos efectivos de Interpol Perú.

Rodolfo Orellana,  fue expulsado de Colombia y llegó al Perú en un avión de la FAP, en el que se encontraba el ministro del Interior, el director general de la PNP y la fiscal a cargo del caso.

Martín Belaunde Lossio fue entregado por Bolivia al Perú en la localidad fronteriza de Desaguadero, y estuvieron presentes el ministro del Interior y el procurador anticorrupción.

Gerald Oropeza, detenido en Ecuador, fue traído a Lima en un avión de la FAP, por el ministro del Interior, el director de Investigación Criminal de la PNP y el fiscal encargado del caso.

En el futuro próximo y mediato, se presentarán casos similares en los que comitivas oficiales designadas por el gobierno deberán viajar a otros países con el objeto de recibir y trasladar a personas requisotoriadas, y si no se corrige la observación que formulamos, se volverá a incurrir en el mismo error, exponer la figura e imagen de autoridades en el incómodo rol de furgón de cola de sombríos personajes fugitivos de la justicia que son retornados al país en un ambiente de innecesario protagonismo.

Recordemos lo expresado por el presidente Ollanta Humala en respuesta a su par boliviano Evo Morales sobre la presencia de este último en la entrega de Martín Belaunde Lossio, en el sentido que  “…es inusual y no es nuestra costumbre que los presidentes vayan a entregar o recibir presos, eso le corresponde a la justicia. No queremos hacer un uso político de un detenido" señaló en dicha ocasión.

En esa misma línea de pensamiento debería inscribirse el accionar de las autoridades peruanas comprometidas en los procedimientos de recepción de personas fugitivas detenidas en otros países, de manera que la composición de las comitivas designadas obedezca a razones de función y responsabilidad, y se obvie la presencia de autoridades y funcionarios de mayor nivel en resguardo de la institucionalidad que en muchos casos se ve mellada cuando las jerarquías y cargos se ven expuestos en escenarios impropios, por decir lo menos.

Siempre será necesario “guardar las formas” en este tipo de eventos por las implicancias que puedan surgir por una equivocada manera de obrar y para prevenir los daños colaterales que es conveniente prever máxime cuando se trata de relaciones entre países.