El silencio jurídico.

Como refiere Rousseau, “del silencio general debe presumirse el consentimiento popular”; esta máxima del contrato social, ha dado lugar a que en determinadas legislaciones como la peruana, se establezca que el silencio importe manifestación de voluntad, en suma, el que calla otorga.

Esta trascendencia del silencio, nos hace contemplar a este instituto del contrato social en relación a los escándalos de corrupción que agobian al país, y dicha reflexión resulta necesaria, sobre todo en lo que respecta al silencio de los estudiantes de Derecho. Los diagnósticos de la caída del gobierno de Fujimori, suelen ser injustos con la determinancia del movimiento estudiantil de los años 90 al cual pertenecí, a pesar de que este fue el sector con mayor actividad en dicha gesta contra un gobierno que pese a tener aciertos se dejó envolver por lo corrupto; sin embargo, hoy de aquel civismo estudiantil no queda nada.

Nuestra experiencia como catedrático universitario, nos permite ver constantemente el agobiante silencio de la comunidad estudiantil respecto de nuestra realidad nacional, los jóvenes de hoy ya no son los de Violeta Parra, es decir de aquellos que “levantan el pecho cuando les dicen harina sabiéndose que es afrecho, que no hacen el sordomudo cuando se presente el hecho”, hoy los estudiantes no son amantes de la nueva trova, aman el reguetón, aman lo material que se absorbe de este género musical y cuya esencia radica en la cosificación de la mujer y el sexo.

Pero, ¿cómo llegamos a esta situación?...

La respuesta, la encontramos entre otras causas, en la crisis de la educación, sobre todo la pública, cuya destrucción a nivel superior propiciada por políticos y promotores de universidades privadas, ha dado lugar a una masificación de educación mediocre, lejana al enfoque humanista de las ciencias y disciplinas, enfoque que precisamente orienta a la observancia y crítica de la realidad. Hoy en el Perú, la Universidad Pública, fue desplazada por institutos, que luego vía lobbies los hicieron universidades privadas y cuyo eje metodológico gira en torno a la máxima “desarrollo = consumo = Y = G+C+I+(X-M)”, pues solo importa la plata en el bolsillo para consumir, solo importa el tener, ya no importa el ser, importa el mercado.

Lo acotado anteriormente, no es una mera pataleta de un idealista. Es un problema fundamental de la humanidad, pues ya hemos llegado a una situación en que “el amo de la sociedad ya no es la persona natural sino la persona jurídica”, como dice Chomsky “los dueños de la sociedad hoy ya no son los ciudadanos, son las corporaciones”, su injerencia es bárbara y prueba de ello es el escandalo ODEBRECHT, que ha probado cómo las corporaciones diseñan políticas públicas materializada en obras direccionadas y sobre valoradas, con la complicidad del escaso humanismo de muchos operadores administrativos. .

Efectivamente, del caso ODEBRECHT, sobresale además la singularidad de que precisamente quienes diseñaron y promovieron estos actos de corrupción, son súbditos académicos que creen en Y = G+C+I+(X-M); si, aquellos que se han atribuido el denominativo de “tecnócratas”, provenientes de  estas casas de estudio sin enfoque humanista, gentes que pese a ser cuestionadas y de probado fracaso, salvo honrosas excepciones, siguen administrando la cosa pública. Vale decir del caso ODEBRECHT se muestra cuanto daño puede hacer una educación sin revaloración de lo humano y con la sobrevalorización del mercado como componente de desarrollo, que da lugar a profesionales inescrupulosos que estando en función pública prefieren el beneficio privado que el público.

Esta crisis de educación también trastoca no solo al estamento ejecutivo que maneja la cosa pública, sino al sistema de justicia que persigue a quienes atentan contra los intereses del Estado, pues muchas veces la formación jurídica basada solo en la trascendencia de la norma y alejada de su componente axiológico determinará criterios de justicia restringidos. En este contexto no es rara que exista precisamente en el propio caso ODEBRECHT posiciones jurídico procesales distintas en la propia Procuraduría Pública, a tal nivel de que hoy  el procurador anticorrupción ha denunciado al procurador ad hoc del caso lava jato, para el primero, el procurador ad hoc previo consentimiento de inaplicación de la Ley 30737 pactó irregular e ilícitamente a favor de la empresa Brasilera una devolución de 524 millones de soles producto de la venta de la Hidroeléctrica de Chaglla permitiendo un fraccionamiento de pago de la reparación civil a cargo de esta corporación de 610 millones en 15 cuotas anuales, pese a que la Ley N° 30737 es de aplicación a personas jurídicas o sus representantes, que hubiesen admitido o reconocido la comisión de delitos contra la administración pública, lavado de activos o delitos conexos; o equivalentes ante autoridad nacional o extranjera competente. Por su parte los denunciados, sostienen que la inaplicación de la Ley 30737 es potestad del Ministerio Público y que ello implicó la reversión del fondo de la venta de la Hidroeléctrica de Chaglla a favor de la corporación corrupta, no obstante, ellos promovieron el fraccionamiento de pago a efectos de hacer viable el pago de reparación civil, siendo que todo ello ha sido aprobado por la judicatura.

En este conflicto como vemos el núcleo de discusión gira respecto del acuerdo con ODEBRECHT entorno a la aplicabilidad de la Ley más no existen argumentos relacionados al rol constitucional de defensa de los intereses del Estado por parte de la procuraduría pública y del Ministerio Público. Asimismo, respecto del acto de aprobación del acuerdo en sede judicial, al parecer no hay un análisis de discusión respecto de la trascendencia del control difuso de los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a los derechos corporativos, omisiones que estarían proscritas si el enfoque humanista no estaría en evidente crisis ante el creciente materialismo jurídico.

Evidentemente el caso ODEBRECHT plantea muchas reflexiones de contenido jurídico procesal y social que lamentablemente son ajenas hoy al movimiento estudiantil jurídico, víctima de las políticas públicas educacionales y un plan global de perverso pragmatismo jurídico.

Este silencio de discusión, hacen que las calles universitarias sobre todo sus jurídicas, sean como dice Silvio Rodríguez, "calles del enigma" y que lo convierte a la fuerza en un mero espectador complaciente del fenómeno de la corrupción…los profesores y las facultades de Derecho con vocación humanista debemos de modo responsable matar ese silencio y ser incendiarios del debate jurídico…el Derecho es fuego no ceniza.