Perspectivas de futuro

La protesta social es una conjunción, una mixtura si se quiere, de derechos reconocidos por la Declaración Universal de DD.HH., recogidos en el Pacto de San José de Costa Rica que, hoy por hoy, ilumina nuestra senda hacia el neo constitucionalismo que trazan organismos supranacionales como la CIDH. En efecto, los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica forman parte de la manifestación colectiva que debe primar dentro de cada espacio democrático; otra discusión es cuando las plataformas o canales que se usan para la consecución de objetivos políticos tienden a radicalizarse y tornarse en violencia desmedida.

En el mismo sentido que nuestra Constitución Política no ampara el abuso del derecho bajo ninguna forma o circunstancia, “nada en la Declaración (Universal de DD.HH.) podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta (Declaración)”. Repasemos los casos de negociantes con comercios cerrados debido al embate de la turbamulta y al bloqueo de carreteras.

Claramente, el ejercicio abusivo y muchas veces demencial con el que se pretende tomar aeropuertos escapa de la legalidad del referido marco de DD.HH. colocándose en el entendido que son actos vandálicos que lo único que pretenden es suprimir libertades del resto de ciudadanos, porque, aunque suene a perogrullo, todos somos una Nación organizada en la estructura del Estado que, querámoslo o no, goza del monopolio de la fuerza.

Con esto no pretendo convencerlos de que todas las manifestaciones sean impecablemente pacíficas, sino que el aproximarnos a proclamar y a generalizar todas las reivindicaciones como provenientes de la enconada turbamulta, nos aleja de un grupo considerable de la población que lo único que desea es hacerse escuchar. Es muy difícil decirles “let´s keep it quiet, let´s keep it cordial”, porque, como escribe Richard Webb sobre Puno: “Siempre lo han tenido de último (…) Colocado en el fondo del barril e identificado con el atraso boliviano”; este es el cuadro que grafica perfectamente la condición de relegado que trae consigo su cercanía costumbrista con el país vecino.

Cualquier acto de expresión violenta, ya sea en el marco de protesta o en el marco de acción de las fuerzas del orden, debe rechazarse y desterrarse a toda costa. Sin embargo, cuando el resultado de la violencia trae consigo muertes en el bando de la PNP, los organismos de DD.HH. hacen mutis y no vuela ni una mosca; hay que decirlo directamente y sin rodeos, porque deja una estela de dolor, frustración y anhelos de justica.

Así, los derechos humanos son tan importantes como para dejarlos en manos de un sector con timbre de justicieros que tienden a expropiarlo todo, por eso se hace indispensable trabajar propuestas de paz a través de una agenda social que no cometa los errores del pasado, porque si de algo debemos arrepentirnos es el mirar a toda la movilización como un solo bloque de violentos reformistas, cuando la suprema realidad nos dicta que es el crisol de culturas que pugnan por ser escuchadas y comprendidas.

Hacer un análisis desprendido de cualquier definición ideológica es complicado, pero mucho más complicado es el no hacerlo. La publicación de ‘The Economist’ trajo consigo una retahíla de plañideras que señalan al gobierno de Boluarte, constitucionalmente electo, como una dictadura, cuando sabemos que el membrete de “democracia híbrida” se debe no a la salida de las FFAA en “apoyo” a la PNP, sino a los constantes azotes políticos que se infligieron el Congreso y el Ejecutivo como parte de este tango por demostrar su hegemonía.

El membrete de “híbrido” se explica a sí mismo por el entorno político inestable que los incontables presidentes y Congresos nos dejaron en menos de cinco años de un periodo de mandato regular. Este contexto de desconcierto nos lleva a dudar de nuestro propio sistema de gobierno: si vivimos un gobierno presidencialista, un presidencialismo atenuado, semipresidencialista, parlamentarista o semiparlamentarista. Eso genera desconcierto a la hora de ver si realmente vivimos una democracia representativa, lo que nos convierte en un país difícil de entender ante la mirada atónita de nuestros vecinos.