El Congreso debe aprobar la Escuela de la Magistratura.

Por Roberto Rendón Vásquez.

El dicho popular: “Más sabe el diablo por viejo que por diablo”. Significa que la experiencia la adquirimos con el tiempo nos da más conocimiento y sabiduría, lo que es más valioso que la astucia. En efecto, en el devenir de nuestra vida obtenemos lecciones positivas y negativas que llegamos a valorar con inteligencia. Aprendemos a actuar con lo bueno y corregimos de los errores.

Actualmente, no sólo los opinologos expresan que las investigaciones de hechos delictivos y la administración de justicia nos son eficientes. Lo manifiestan abogados, profesionales de otras disciplinas, políticos, agraviados de delincuentes y los justiciables que recurren para que se les reconozca sus derechos (madres de familia, jubilados, trabajadores, propietarios de bienes, etc.). En medios periodísticos escritos, radiales, televisivos se expone que el Ministerio Público y el Poder Judicial actualmente no son eficientes y sugieren expedir normas legales que lo corrijan. Se pide cambios radicales y la profesionalización y especialización de los jueces y fiscales como medio para que operen con solvencia.

Los actuales magistrados de ambas entidades, pueden considerarse que son eficientes y que cumplen sus obligaciones jurisdiccionales con exclusividad, independencia y unidad como les señalan los artículos 138°, 139° y 159° de la Constitución. Pero en la sociedad hay una virtual decepción.

Ante esa “confrontación” hay que recurrir a la experiencia. Probablemente muchos no la tienen.

Existe una persona que durante su vida ha acumulado importante experiencia. Es una abogada graduada en 1971 – hace 53 años – y ha estudiado postgrado en Derecho. En 1976 se desempeñó con relatora interina en una Corte Superior siendo defensora de oficio, ha sido juez suplente de menores. A partir de 1982 hasta 1986 ha ejercido como fiscal provisional en lo civil y luego hasta 1990 como fiscal provincial provisional en lo penal. En 1990 fue designada fiscal adjunta suprema titular en lo civil, cargo en el que se mantuvo hasta 1997. Ha sido fiscal suprema del 2001al 2014 siendo Fiscal de la Nación entre el 2008 al 2011. Renunció al Ministerio Público al estar en desacuerdo con su elección como representante ante el Jurado Nacional de Elecciones. También ha sido Consejera del Consejo Consultivo – Contraloría General de la República – y consejera del Consejo Consultivo – Junta Nacional de Justicia –. Actualmente es congresista de la República.

Se trata de la abogada Gladys Margot Echaiz de Núñez Izaga, cuya experiencia en la administración de justicia nacional no puede discutirse. Ella ha venido formulando implícitamente críticas al Ministerio Público y sus fiscales. Ha propuesto en el Congreso una ley para constituir la Escuela Nacional de la Magistratura en reemplazo de la Junta Nacional de Justicia. Expresa que “actual el sistema judicial se encuentra en crisis y que la población no confía en la justicia”. Evidentemente está señalado que “muchos magistrados no tienen la capacidad para cumplir con sus deberes”. Con su experiencia de ex-magistrada expone que “la profesionalización y especialización de jueces y fiscales será la clave del éxito; se acabará con los magistrados que saben de todo y a la vez no saben de nada”. Agrega: “el nuevo modelo impedirá la manipulación política, como se prueba ahora” (SIC).

La congresista Gladys Echaíz considera que el Congreso está obligado a actuar de acuerdo a lo que establece la ley y la Constitución de manera objetiva, imparcial por ser el órgano constitucional competente del país.

Se evidencia en el Ministerio Público y el Poder Judicial que hay magistrados improvisados, nombrados sin constatar una debida preparación, algunos están politizados. Se debe eliminar la ratificación actual que se hace a los fiscales y jueces sino tenerse en cuenta su capacidad para resolver las causas (expedientes) cumpliendo los plazos procesales señalados y códigos y normas adjetivas con lo que evitará la denominada “carga procesal”. Además, el Congreso debe dictar nuevas Leyes Orgánicas del Poder Judicial y del Ministerio Público y que los llamados “órganos de control” no estén a cargo de miembros de las mismas entidades señaladas sino de representantes de instituciones especializadas en la disciplina del Derecho. Eliminar la abundante burocracia y establecer sistemas del trámite de demandas, escritos, y resoluciones en estrictos plazos.

¡Es hora que el Congreso apruebe que el Ministerio Público y el Poder Judicial sean reparados!