La delincuencia ¿es imparable?

Por Roberto Rendón Vásquez

Es horrendo, diariamente delincuentes asesinan empresarios, trabajadores y personas hombres, mujeres, ancianos y aun niños en lugares públicos o establecimientos, centros laborales, vehículos y en viviendas. Hay un promedio diario de seis asesinatos. Los delincuentes lo hacen o para intimidar para que les entreguen dinero o “como su sanción” porque no les entregaron los cupos que les señalaron. Consterno el asesinato cometido en una mina de Pataz – Región La Libertad – lo que es una elocuente demostración que los delincuentes organizados superan las acciones (e “informaciones, “declaraciones” y/o “explicaciones”) desde los Poderes estatales del Legislativo, Ejecutivo y Judicial de que están combatiendo la criminalidad.

Es obligación constitucional del Estado “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad y sus derechos a la vida, la inviolabilidad domiciliaria, su propiedad, la paz y tranquilidad, legítima defensa, su seguridad personal y que no los violenten moral, psíquica o torturen. (Constitución artículos 1°, 2° y 3°). Los obligados a garantizar y efectuar el cumplimiento de tales derechos son los políticos electos para el Poder Legislativo que trabajando a tiempo completo deben legislar eficiente y oportunamente dando leyes razonables que protejan a la población garantizando sus derechos constitucionales. Del Ejecutivo, mediante su Presidente, Ministros, funcionarios y servidores que deben cumplir y hacer cumplir las leyes y dictar las medidas extraordinarias (mediante decretos de urgencia) cuando requiera el interés nacional, pues la seguridad de todas las personas en un fin supremo del Estado; también del Poder Judicial que tiene facultad de administrar justicia y para ello goza de unidad, exclusividad e independencia, y  el Ministerio Público de promover de oficio o a petición de parte la acción judicial en defensa de la legalidad e intereses tutelados por el derecho. Estos Poderes son responsables de las consecuencias que devienen de las acciones de los delincuentes que afectan severamente la seguridad de las personas. Todos lo que “trabajan” en esos Poderes son funcionarios públicos que están obligados a cumplir eficientemente las leyes. Esta normado en la Constitución.

La Policía Nacional (P.N.), poniendo en grave riesgo la seguridad y la vida de sus miembros, virtual y permanentemente se enfrenta a los delincuentes que individual y/u organizados en bandas nacionales e internaciones cometen delitos contra las personas, la propiedad, seguridad vial, robos, hurtos, estafas, extorsiones, intimidaciones, asesinatos, lesiones, violencia física y sexual, delitos cibernéticos, destrucción de bienes, tráfico de drogas, delitos cibernéticos, delitos contra la Administración Pública, etc. Muchas veces la P.N. tiene el apoyo de serenazgos municipales. Capturados los delincuentes en momentos de la comisión de delitos y/o como consecuencia de las investigaciones policiales que realiza conforme a ley, con los atestados correspondientes ponen a los detenidos a disposición del Fiscal respectivo para que los procese conforme a sus normas legales y formular la denuncia ante el Juez Penal quien debe procesar de inmediato a los detenidos para juzgarlos y sentenciarlos. Pero, ¡Oh desgracia! los medios periodísticos informan que los delincuentes que entrego la P.N. a los magistrados Fiscales han sido puestos en libertad por resolución del Fiscal o del Juez Penal que debía procesarlos. ¡Qué provecho para los delincuentes, pues vuelven a las calles a seguir delinquiendo!, muchas veces la P.N. los vuelve a detener!

No existe la real y eficiente salvaguarda y protección a la población contra la criminalidad. Hay deficiencias que se han hecho públicas que los políticos electos para el Legislativo, el Ejecutivo a los “nombrados” como magistrados fiscales y jueces (de todos los niveles) no cumplen eficientemente sus derechos y obligaciones legales, morales y laborales. Seguimos viviendo ante la inseguridad de todos por el actuar de criminales.

Hay problemas no solucionados. Enumeremos solo algunos: Falta de normas legales eficientes y actualizadas en los Códigos Penal y Procesal Penal; Efectividad en los Ministerios de Justicia, Interior en sus funciones contra la delincuencia; Reforzar presupuestalmente a la P.N. para que incremente sus efectivos y genere expertos en inteligencia contra la criminalidad; Establecer normas que determinen la responsabilidad personal de magistrados fiscales y/o jueces (de todos los niveles) que den libertad a delincuentes detenidos por la P.N., sin antes procesarlos hasta emitir la sentencia firme y/o ejecutoriada;  Edificar urgentemente nuevos penales (en alturas andinas) que tengan centros de producción para que laboren los detenidos y sentenciados; Que el Estado no sostenga gratuitamente a los detenidos y/o sentenciados, éstos deben sufragar sus alimentos y estados de salud.

¡En menester tomar conciencia del grave peligro delincuencial!