La situación que atraviesa el programa Beca 18 no puede ser entendida como un hecho aislado ni como un simple problema de ajuste fiscal. Se trata, más bien, de una manifestación evidente de la profunda incoherencia con la que el Estado peruano viene definiendo sus prioridades estratégicas. Mientras cientos de jóvenes con alto rendimiento académico y escasos recursos quedan excluidos de la educación superior por falta de financiamiento, el Gobierno continúa comprometiendo recursos millonarios en la organización de megaeventos deportivos. Esta contradicción no sólo carece de justificación técnica: resulta moralmente inaceptable.
Beca 18 ha demostrado ser una de las políticas públicas más eficaces en términos de movilidad social. Ha funcionado como un verdadero mecanismo de inclusión, al permitir que jóvenes de sectores históricamente marginados accedan, por primera vez, a estudios técnicos y universitarios. El dato es contundente: el 93 % de sus beneficiarios pertenece a la primera generación de su familia en ingresar a la educación superior. En un país marcado por desigualdades persistentes, este programa no es un beneficio accesorio, sino una herramienta estructural para romper la transmisión intergeneracional de la pobreza. Sin embargo, garantizar el futuro educativo de cerca de 20.000 jóvenes demanda aproximadamente S/ 793 millones, cifra que hoy el Estado califica como “excesiva”, pese a su impacto probado.
La indignación se profundiza cuando se observan las decisiones paralelas de gasto público. La organización de los Juegos Panamericanos implica una inversión cercana a S/ 1.300 millones, monto considerablemente mayor al requerido para sostener Beca 18. El mensaje implícito es inquietante: el Estado parece dispuesto a financiar el espectáculo, pero no a garantizar derechos fundamentales. Mientras se inauguran estadios y escenarios deportivos, cientos de jóvenes quedarán sin estudios, sin una segunda oportunidad y sin herramientas reales para mejorar su condición de vida.
Desde un enfoque económico, esta elección resulta abiertamente irracional. Con S/ 1.300 millones podrían financiarse aproximadamente 37.000 becas integrales de Beca 18. En el Perú, un joven con educación superior percibe entre 60 % y 120 % más ingresos que uno que solo culminó la secundaria. Esta diferencia no solo mejora las trayectorias individuales, sino que se traduce en mayor productividad, mayor consumo y una base tributaria más amplia. Las estimaciones muestran que una inversión de este tipo podría generar más de S/ 5.800 millones adicionales en la economía nacional, recuperándose gran parte del gasto vía impuestos. No invertir en educación no significa ahorrar: significa renunciar deliberadamente al crecimiento y perpetuar la desigualdad.
En última instancia, esta discusión remite a una pregunta central de la filosofía política: ¿para qué existe el Estado? Aristóteles sostenía que su finalidad es permitir una vida buena. En el siglo XXI, esa vida buena pasa inevitablemente por el acceso al conocimiento. Cuando el Estado elige financiar el espectáculo mientras abandona la educación de su juventud, no solo comete un error de planeamiento: renuncia a su responsabilidad histórica. Sacrificar Beca 18 no empobrece solo a quienes quedan fuera; empobrece el futuro común del país.
2 Octubre, 2018
19 Noviembre, 2022
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