Escribo estas líneas mientras observo las pantallas. Quienes analizamos la política actual sabemos que las grandes mayorías ya no se conquistan en las plazas llenas de banderas, sino en el flujo indomable de los algoritmos de redes sociales. Ahí es donde radica el gran dilema de las fuerzas históricas, como el aprismo: o entienden que la tecnología es el nuevo megáfono de la justicia social, o se hunden en la irrelevancia. Pero el éxito digital es una trampa si no viene acompañado de un recambio generacional real, que jubile las viejas mañas y ponga el conocimiento técnico al servicio de la calle. El país está cansado de discursos inflados; la gente en el asfalto pide orden, que los hospitales atiendan y que el dinero rinda. Las batallas de hoy exigen soluciones concretas, no retórica.
El primer gran incendio que debemos apagar es la inseguridad, y eso no se logra con promesas vacías, sino con inteligencia. El plan es claro: necesitamos multiplicar el número de policías en cinco años, pero poniendo el foco en la investigación criminal, que hoy está en abandono. Las cárceles no pueden seguir siendo oficinas desde donde se coordinan extorsiones; la salida técnica es construir dos docenas de penales nuevos con urgencia, usando gestión privada temporal mientras limpiamos la corrupción interna de las instituciones. Las fronteras deben estar bajo control militar para frenar en seco a los sicarios y a las mafias, aplicando las penas más duras por traición a la patria a los jueces o fiscales que se vendan al crimen. A nivel de tu barrio, los serenazgos deben contar con herramientas defensivas no letales para prevenir el delito antes de que ocurra, dejando de ser simples espectadores del caos.
Para financiar este cambio, la plata tiene que salir de la burocracia. Una medida urgente es recortar a la mitad el presupuesto del Congreso. Esos miles de millones de soles deben ir directo a las obras pequeñas que cambian la vida diaria: la posta médica del barrio, el colegio técnico, la comisaría local. Por supuesto que los grandes trenes, el metro subterráneo y los megapuertos son vitales para el futuro económico, pero el ciudadano de a pie juzga a un político por lo que ve al salir de su casa. La salud pública, por ejemplo, hoy es una tortura. Conseguir una cita no puede ser un vía crucis. Urge reestructurar el mando de la seguridad social, abrir turnos nocturnos en las postas médicas, asegurar más camas y desplegar telemedicina en las regiones más alejadas de la sierra y la selva, declarando la guerra a las mafias que ocultan las medicinas para inflar los precios.
El recambio generacional del que tanto se habla se demuestra en las aulas. El modelo educativo tiene que cambiar hacia una formación técnica conectada con la realidad de cada zona. Si en tu provincia manda la agroindustria, el joven debe salir del instituto sabiendo manejar maquinaria avanzada; si hay un puerto cerca, debe graduarse sabiendo de logística y metalmecánica. Necesitamos movilidad social de verdad, no becas clientelares para la foto de campaña. Esta masa de jóvenes emprendedores choca luego contra una pared: la falta de capital. El setenta por ciento de nuestra economía es informal porque los bancos tradicionales les cierran la puerta. El Estado debe crear un sistema de garantías para que el pequeño comerciante acceda a créditos baratos. El aprismo nació para defender al pueblo trabajador; hoy ese pueblo ya no es el obrero de fábrica, es el microempresario que sobrevive sin apoyo. Darles crédito es ayudarlos a crecer, ampliar la base de impuestos y activar la economía desde abajo.
Sin embargo, esta digitalización que mueve al país no puede dejarse al libre albedrío de las grandes corporaciones o del caos cibernético. El Estado no puede ser un simple espectador frente al avance tecnológico de la información; debe asumir un rol supervisor y protector. Necesitamos propuestas claras para controlar la digitalización, garantizando que el internet no sea una herramienta para la estafa masiva, la extorsión digital o la manipulación de datos de los más vulnerables. El gobierno tiene el deber de fiscalizar los algoritmos de las grandes plataformas para evitar la desinformación que destruye la democracia, protegiendo la identidad y la privacidad del ciudadano común mediante una entidad reguladora firme y soberana. No se trata de censura, sino de soberanía tecnológica: asegurar que la inteligencia artificial y el flujo de datos sirvan para planificar mejores hospitales y escuelas, y no para vigilar o precarizar al trabajador.
La ligereza en el poder es imperdonable. Los gobiernos que pasan sin dejar huella, flotando sobre las olas de la coyuntura, terminan condenando al país. El uso del algoritmo y la mística de las nuevas generaciones deben unirse para resolver estos problemas de fondo. Si estas propuestas sirven para que una familia viva sin miedo, para que un joven consiga un empleo digno o para que un emprendedor no quiebre, el color de la camiseta política pasa a segundo plano. Lo que el Perú no se puede permitir es regalar cinco años más a la improvisación y al vacío.
