Empezó la elección

Fernando Rodríguez Patrón

El sistema electoral peruano atraviesa hoy un momento crítico de definición técnica y legal. Al iniciarse enero de 2026, el cronograma electoral ha entrado en una fase de "no retorno". Tras el cierre del plazo para la presentación de solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos el pasado 23 de diciembre de 2025, las dos últimas semanas han estado marcadas por un intenso escrutinio jurisdiccional por parte de los Jurados Electorales Especiales (JEE).

Recientemente, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó que 38 organizaciones políticas han quedado expeditas para participar en la contienda tras superar el umbral de las elecciones primarias de noviembre y diciembre. Sin embargo, estar "apto" es solo el primer paso de un complejo examen de legalidad.

La gran noticia jurídica de este proceso fue la exclusión definitiva de Acción Popular. El JNE ratificó la nulidad de sus elecciones primarias debido a vicios insubsanables en su padrón de delegados y graves denuncias de fraude interno. Este fallo, de carácter inapelable, deja al partido de la "lampa" fuera de la carrera presidencial y parlamentaria por primera vez en décadas, sentando un precedente sobre la rigurosidad con la que el ente electoral evalúa la democracia interna bajo el nuevo marco legal.

Otro partido histórico pareciera caminar por la misma senda. El APRA, enfrenta su propia tormenta interna. Diversos precandidatos han denunciado ante los JEE que la dirigencia alteró los resultados de sus elecciones internas, desplazando a ganadores legítimos de las primarias para favorecer a "invitados" sin haberlo comunicado previamente. Este escenario de tensión interna coloca al partido en una posible situación de vulnerabilidad, pues, si nos guiamos por el criterio adoptado por el JNE en el caso de Acción Popular, las impugnaciones podrían derivar en la caída de algunas de sus listas si se comprueba la vulneración del debido proceso interno.

Ahora bien, culminadas las elecciones internas, el siguiente reto implicaba trasladar los resultados electorales al sistema desarrollado por el JNE, el Declara +, sin embargo, no todos salieron indemnes, pues esto se tornó imposible para algunos partidos, como es el caso de Primero La Gente y el Partido de los Trabajadores y Emprendedores – PTE, quienes vieron cómo ante su imposibilidad de cargar a sus candidatos, se declaraba la improcedencia de sus listas. Ante ello denunciaron serios inconvenientes imputables al sistema diseñado por el organismo electoral, lo que nos recordó lo sucedido en las últimas Elecciones Generales con el PPC y el propio partido Aprista y las consecuencias que ello generó.

Sin embargo, contrariamente a lo sucedido en las elecciones pasadas, en esta oportunidad, el JNE reconoció con hidalguía, que tal como alegaban los referidos partidos, el sistema Declara + evidenció problemas (pese a toda la campaña propagandística que surgió desde el propio organismo electoral) y ambos partidos volvieron a la contienda, sometiéndose al igual que los demás partidos, al procedimiento de calificación de listas. Los JEE están verificando minuciosamente que las listas presentadas no solo cumplan con los requisitos de forma (como firmas y huellas digitales), sino con mandatos sustantivos de fondo. El incumplimiento de estos puede derivar en la declaración de "inadmisibilidad", con un breve plazo de dos días para subsanar o, en el peor de los casos, la "improcedencia" de la lista completa.

Finalmente, el caso más polémico de la semana involucra a Alfonso López Chau, candidato de Ahora Nación. Se ha revelado una grave denuncia por la presunta omisión de información en su Hoja de Vida. El ex rector de la UNI habría omitido declarar una detención y reclusión en el penal de Lurigancho durante la década de 1970. Mientras el candidato argumenta que se trató de un arresto por motivos políticos sin sentencia condenatoria, sus detractores sostienen que cualquier privación de la libertad debe consignarse por transparencia. La decisión del JNE sobre si esta omisión constituye una causal de exclusión inmediata será el termómetro jurídico de la próxima semana.